Además advirtió con movilizaciones a partir de la próxima semana en repudio a la sentencia.
La secretaria general de la comunidad Trans Red de Bolivia (Trebol), Chantal Cuéllar, afirmó que el fallo del TCP impedirá ejercer a ese sector todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, económicos, civiles y sociales.
“No puede ser que un país como Bolivia que protege los derechos humanos, ahora nos quite nuestros derechos solo porque somos trans. El fallo del TCP es discriminador y transfóbico, ya no vamos a poder votar, estudiar ni trabajar. Con esta sentencia nos han convertido en ciudadanos de segunda clase. Vamos a hacer una demanda internacional contra el Estado ante la CIDH por vulnerar nuestros derechos”, remarcó.
Por su parte, el representante nacional de la Coalición Boliviana de Colectivos LGBTI, Alberto Moscoso, calificó como retroceso el fallo del TCP y anunció movilizaciones para la próxima semana.
“Nos avergonzamos de que un país sea así. No están coartando nuestros derechos, vamos a llegar a la CIDH y como movimiento LGTBI sumado a otras redes de derechos humanos vamos iniciar diferentes movilizaciones en repudio al fallo del TCP desde la próxima semana”, afirmó.
6 mil personas transexuales se ven afectadas
Según los representantes, alrededor de 6.000 personas transexuales se verán afectadas por el fallo del TCP que resolvió declarar la inconstitucionalidad del parágrafo II del art. 11 de la Ley de Identidad de Género en su frase “…permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales…”.
“Estoy muerto en vida…porque no puedo ejercer mi derecho, no voy a poder ni siquiera trabajar (…) es tan tonto lo que ha hecho el TCP”, afirmó César Morón, quien es representante de los Hombres Trans en Bolivia.
Morón agregó que el punto fundamental del fallo no es solamente la prohibición del matrimonio entre las personas del mismo sexo, sino la vulneración de derechos fundamentales.
“En segundo plano queda la prohibición del matrimonio o la adopción, lo terrible y más grave es que nos están arrebatando nuestros derechos, no vamos a poder votar o ser candidatos. Ni quiera vamos a trabajar. Yo estudie Medicina e hice todo el papeleo para cambiar el nombre en mi título profesional y ahora me dicen que no voy a poder trabajar”, remarcó.
En un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo considera necesario realizar un debate en el Órgano Legislativo sobre el tratamiento de aspectos relacionados con el matrimonio y la adopción.
“El fallo pone de manifiesto que quienes plantearon la inconstitucionalidad pretendieron situar en un ´grado de superioridad injustificada´ a las personas que tienen identidad entre género y sexo, respecto de las que no, evidenciando la persistencia de grupos e intereses que a título de defender la “familia natural”, incurren en discriminación, racismo e intolerancia, planteando limitar los derechos fundamentales de otras personas”. Señala parte del comunicado.