Al menos cinco parejas transexuales y transgénero contrajeron matrimonio civil en Bolivia antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitiera el instructivo a los Servicios de Registro Cívico del país para que den curso de manera formal a las solicitudes de las personas de esta condición sexual.
No se conoce con datos exactos sobre la demanda de uniones civiles ‘trans’ en las distintas regiones del país, pero al parecer son pocas por el momento. Antonio Costas, vicepresidente del TSE, manifestó que él conocía una sola petición de matrimonio en Cochabamba, descontando el casamiento de Luna Sharlotte Humérez Aquino, la primera persona transexual que se casó legalmente en La Paz, en 2016.
Por su parte, Vanina Lobo, representante departamental de la población transgénero y transexual de Santa Cruz, confesó que a escala nacional hubo seis matrimonios previos a la instructiva del TSE: dos en Santa Cruz, dos en La Paz y uno en Cochabamba. Uno que debía realizarse en Tarija, se truncó. Estos casos se han mantenido en reserva a la espera de la resolución de un recurso de inconstitucionalidad presentado al Tribunal Constitucional por parte de algunos diputados, la Conferencia Episcopal y otras instituciones.
Una boda en La Paz“¡Maravilloso!
Una lucha fuerte, pero al final se logró”, celebró en su Facebook Luna Sharlotte y agregó que aplaude esa instructiva, que debía darse hace mucho tiempo, “porque la ley, además de la facultad de cambiar de datos, dice que adquirimos los derechos inherentes al sexo por el que estamos optando. Yo, de hombre, pasé a ser mujer ante el Estado boliviano y tengo todos los derechos políticos de las mujeres, entre ellos casarme”, señaló Humérez. Se casó el 30 de diciembre, aunque en el proceso de lograrlo cuenta que se topó con obstáculos que atribuye a una “mala interpretación” de algunos funcionarios. Asegura que lo hizo público después, en marzo de este año, porque sabía que atraería la atención de los medios de prensa y lo que ella pretendía era celebrar su unión en un ambiente de intimidad familiar. Desde que se hizo público su casamiento la llamaron unas 10 personas de Tarija, Cochabamba y Beni para hacerle consultas sobre los requisitos para contraer matrimonio.
Luna, de 27 años, se casó con un joven heterosexual de 20 años, a quien conoció en 2015, el cual no se percató en la primera cita de que ella era una ‘trans’; empero, ella se lo aclaró en un segundo encuentro. Él no tuvo problemas y siguió la relación hasta que conocieron a sus respectivas familias y tuvieron la aceptación de ambas.
Otras reivindicaciones
El colectivo Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (LGTB) señala que la Ley de Identidad de Género ha propiciado las uniones civiles que vienen aparejadas automáticamente con los derechos al seguro de salud, a la herencia y al trabajo en instituciones del Estado.Empero, consideran que aún restan otras conquistas, como una norma de familia entre parejas del mismo sexo y el compromiso real de los municipios y las gobernaciones para crear secretarías que ayuden a difundir la diversidad sexual y a luchar contra el racismo y la discriminación, que pone a esta minoría en situación vulnerable, dijo el activista Álex Bernabé.
“Me parece coherente (la instructiva) porque va relacionada con la identidad de género. Yo, como mujer trans, ahora gozo de todos los beneficios sociales de cualquier mujer. Si tengo que ir a una mamografía, el Estado me da un día libre sin pérdida de goce de haber o si tengo que hacerme un papanicolau también; tengo derecho al subsidio y todos los derechos inherentes a una mujer y entre ellos también a casarme. Por otro lado, en el ejemplo del hombre trans, si hace el cambio de identidad de género antes de los 24 años de edad, tiene que hacer el servicio militar obligatorio”, aseguró Tamara Núñez del Prado, mujer trans, que recibió simbólicamente la Ley de Identidad de Género el año pasado.
Falta por ver
El Tribunal Constitucional tiene en sus manos dos recursos de inconstitucionalidad de la Ley 807, presentados por la Plataforma por la Familia Natural, por medio de tres diputados, y por la Conferencia Episcopal Boliviana, que aducen que la norma trastoca los valores morales.Por otro lado, el defensor del pueblo planteó incluir, en el nuevo Código del Sistema Penal, que analiza el Órgano Legislativo, los delitos por crímenes de odio y conductas discriminatorias hacia la población LGBT, puesto que el año pasado ocurrieron ocho asesinatos de este tipo: seis en Santa Cruz, uno en El Alto y otro en Riberalta.
Fuente: eldeber.com.bo