Las asociaciones privadas Nuevo Camino (Asuncami) y Con Alas Propias (Ascap) realizaron una investigación cualitativa en las cárceles, mediante la cual pudieron constatar que en esos recintos “se criminaliza la diferencia”, dijo a los medios un representante de la primera organización, Javier Palacios.
Además de sufrir los mismos problemas que el resto de la población de las cárceles, como el hacinamiento y demoras en los procesos judiciales, ambos grupos también son objeto de discriminación por su estado de salud o su preferencia sexual.
Mencionó el caso de una reclusa transgénero que tuvo que seguir un “largo proceso” judicial para que el sistema penitenciario le reconozca su identidad como mujer y la puedan trasladar de la cárcel para varones en que se encontraba a una para féminas.
“A pesar de ello no podía dormir en un dormitorio de mujeres y le habilitaron un baño para que pase las noches”, lamentó.