El Proyecto de Ley (N° 11561/2024-CR) presentado por el congresista Alejandro Muñante Barrios, que busca penalizar las denuncias falsas en casos de violencia familiar, ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas. Aunque el proyecto aduce querer «impartir una correcta justicia» y proteger a los «afectados» por acusaciones fraudulentas, existe una seria preocupación sobre cómo esta iniciativa podría impactar negativamente en la vida de mujeres y mujeres trans, principales víctimas de la violencia de género en el país.
El proyecto, recibido en el Congreso el 12 de junio, propone incorporar el Artículo 402-A en el Código Penal para sancionar con penas de cárcel y multas a quienes formulen denuncias falsas de violencia familiar. Además, extiende la responsabilidad penal a profesionales como abogados, médicos y psicólogos que «simulen o adulteren documentos» en estos procesos. También busca modificar los artículos 15 y 21-A de la Ley N° 30364, conocida como la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, para establecer responsabilidades civiles y penales a denunciantes que «a sabiendas que contiene hechos falsos» presentan denuncias o solicitan su retiro.
La justificación del congresista Muñante se centra en un supuesto «uso indebido» de la Ley N° 30364, que, según él, habría generado un incremento de «denuncias fraudulentas con ánimos y multas de venganza, manipulación o ventaja procesal», afectando la reputación de personas, «principalmente varones» . Sin embargo, esta narrativa ignora la persistente violencia estructural que enfrentan mujeres y mujeres trans en Perú.
Organizaciones especializadas advierten que un enfoque punitivo hacia las denuncias podría tener un efecto amedrentador. Al criminalizar la «denuncia falsa», el proyecto corre el riesgo de disuadir a mujeres y mujeres trans que son verdaderas víctimas de violencia a presentar sus casos, por temor a ser acusadas y revictimizadas en un sistema judicial que ya les es adverso. Esto podría traducirse en un aumento del silencio y la impunidad para los agresores.
El documento señala que «menos del 1% de casos de violencia contra la mujer obtienen sentencia», y que entre 2018 y julio de 2023, de más de 800,000 casos evaluados, solo se emitieron 354 sentencias. En lugar de cuestionar las deficiencias del sistema judicial en garantizar la justicia para las víctimas, el proyecto se enfoca en la supuesta falsedad de las denuncias, desviando la atención de la verdadera problemática de la impunidad y la falta de acceso a la justicia para las mujeres.
La propuesta legislativa afirma que la «sola palabra de una mujer es considerada una ‘presentencia’», lo cual desvirtúa la realidad de muchas víctimas que enfrentan escepticismo y revictimización al denunciar. Al poner el foco en la «denuncia falsa», se podría fomentar una desconfianza generalizada hacia todas las denuncias de violencia de género, llevando a un mayor escrutinio y dificultando la obtención de protección urgentes, cruciales para la seguridad de mujeres y mujeres trans.
Expertos en género señalan que, lejos de corregir un problema, esta ley podría institucionalizar una «violencia legal contra el hombre”, pero en la práctica, su impacto recaería desproporcionadamente en las mujeres y mujeres trans, quienes ya son el grupo más vulnerable a la violencia y el principal usuario de estas leyes de protección. La iniciativa plantea una preocupación fundamental sobre cómo el Poder Judicial peruano y sus operadores, a los que el mismo proyecto atribuye «actitud cómplice o indiferente» , manejarán estas acusaciones, pudiendo generar un clima de mayor discriminación y obstaculizando aún más el acceso a una justicia efectiva para quienes realmente la necesitan, dejando en la oscuridad a las mujeres en su diversidad.