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La Defensoría del Pueblo sobre el fallo del TCP respecto de la Ley 807
Respecto a la Sentencia Constitucional Plurinacional 0076/2017, la Defensoría del Pueblo considera necesario orientar las apreciaciones hacia avances y desafíos. 1. La Ley de Identidad de Género es una ley que desarrolla, en 12 Artículos, derechos de un grupo vulnerable y sólo una parte de un parágrafo de un Artículo ha sido declarada inconstitucional. Es anecdótico que legisladores hayan basado su recurso de inconstitucionalidad en que la diferencia de género y sexo transgrede la dignidad y el principio de igualdad moral. Es valioso que el Tribunal haya señalado que esa argumentación es “bastante errada”. De hecho, el fallo pone de manifiesto que quienes plantearon la inconstitucionalidad pretendieron situar en un “grado de superioridad injustificada” a las personas que tienen identidad entre género y sexo, respecto de las que no, evidenciando la persistencia de grupos e intereses que a título de defender la “familia natural”, incurren en discriminación, racismo e intolerancia, planteando limitar los derechos fundamentales de otras personas.
2. Es cuestionable que el Tribunal sostenga que la participación política de personas transgénero y transexuales, de acuerdo a la identidad de género asumida, pueda dar lugar a espacios de incertidumbre y desacuerdos, lo que muestra falencias en el desarrollo de una verdadera perspectiva de género y real entendimiento de lo que es el ejercicio de derechos.
3. Es evidente que los derechos fundamentales no son de carácter absoluto y pueden ser sujetos de limitaciones, siempre y cuando éstas sean acordes a los Instrumentos y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. No obstante, esto no significa que dichas limitaciones lleguen a admitir la negación o supresión de derechos, por lo que el Tribunal señaló que apremia un debate en el Órgano Legislativo sobre el tratamiento de aspectos relacionados con el matrimonio y la adopción.
