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La Plata: denuncian violencia policial contra cuatro activistas trans
La organización Otrans denunció ante la Comisión Provincial por la Memoria que cuatro de sus integrantes sufrieron violencia en una requisa, en la madrugada del sábado 4 de noviembre en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, más de veinte policías de la Comisaría 9° golpearon, tiraron gas pimienta y amenazaron a Juana, Kimberli, Romina y Chantal –las víctimas prefieren mantener sus apellidos en reserva por temor-. “Estamos muy preocupadas porque esto es un retroceso exponencial”, dijo a Presentes la presidenta de Otrans, Claudia Vázquez Haro. Y comparó: “Volvimos a los años noventa, cuando la policía era tan feroz con la detención de las compañeras y la violación a los derechos humanos”.
Las jóvenes relataron en su denuncia que dos autos particulares y quince efectivos en motos de la comisaría 9°, las sorprendieron cerca de las cinco de la madrugada. Fue en la esquina de Diagonal 73 y 4, una zona céntrica de la ciudad de La Plata, donde las mujeres –de entre 25 y 30 años y en situación de prostitución- suelen parar. “Me agarraron a mí primero. Estábamos contra la pared y yo dije ‘¿no se cansan de revisarnos todos los días?’. Me respondió ‘Callate, vos estás en mi país. No tenés derecho a nada”, contó a Presentes Juana. Al igual que sus tres compañerxs es peruana. Después de eso, dijo que le tiraron gas pimienta en el cuerpo, la empujaron contra el suelo y empezaron a golpearla con una vara de metal.
Cuando tiraron al suelo a Juana y empezaron a pegarle, Kimberli les gritó a los policías que la dejaran. Entonces, contaron las chicas, también la agarraron a ella de los pelos y le golpearon la cabeza contra el piso. “Nos tomaron del cuello hasta casi asfixiarnos. Decían que teníamos la droga en la boca”, denunció. Mientras las golpeaban, también las insultaban: “Nos empezaron a gritar ‘putos peruanos, lárguense de mi país porque así los vamos a tener todos los días'”.
Chantal, otra de las mujeres violentadas, denunció que le pegaron con una cachiporra en la frente. El hematoma le bajó hasta el ojo derecho y le dejó un derrame: todavía no puede ver y no sabe qué consecuencias tendrá. Kimberli escupe sangre. Juana tiene cinco cortes grandes en el brazo izquierdo. Ninguna quiere ir al hospital. Dicen: “Tenemos miedo de cómo nos vayan a tratar los médicos”.
“Son prácticas arraigadas de la Policía Bonaerense”
“Esto no es excepcional sino rutinario. Son prácticas arraigadas en la Policía Bonaerense con las personas que están en situación de prostitución. Sólo que en este caso se involucra una figura policial reciente en la historia de la policía, que es la policía local”, dijo a Presentes Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, que presentará la denuncia en Fiscalía.
En febrero de 2017, Otrans ya había denunciado la persecución policial contra trans y travestis en la misma zona de La Plata. La organización acusó directamente a la Comisaría de la Mujer y a la Comisaría 9. “(…) de la Comisaría de la Mujer por órdenes del fiscal de turno Álvaro Garganta, se realizó una razzia más de 25 compañeras trans y travestis que se encontraban en las siguientes zonas: sobre avenida 1 desde 54 a 68, y sobre diagonal 73 desde 1 a calle 5. Otra situación que se vuelve a repetir al igual que el pasado miércoles 22 de febrero donde hubo una requisa en la zona de 1 y 66 por órdenes también del fiscal Garganta efectuado por la Comisaría 9na. El mismo fiscal que ya fue acusado reiteradas veces de haber sido responsable de actos sumamente vejatorios en grado sumo por parte del mismo aparato judicial cómplice y perverso”, decía el comunicado entonces.
La semana pasada, el Ministerio de Seguridad presentó un Protocolo de detención a personas LGBT, detallando las fuerzas de seguridad que pueden privar de la libertad a una persona y cuáles son los actos iniciales de la aprehensión. El protocolo fue repudiado por varias organizaciones de la diversidad sexual, que la consideran más una advertencia que una garantía de derechos. Otrans considera que se trata de una “herramienta para la institucionalización de la violencia policial”.
