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Qué busca la ley anti ONG que sancionó el Senado de Paraguay y pone en riesgo derechos humanos
ASUNCIÓN. La Cámara de Senadores sancionó el texto modificado por Diputados que establece “el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, amenazando la supervivencia jurídica de las organizaciones que ya están bajo controles rigurosos por parte del Estado. La ley garrote, como se la conoce, se aprobó con 31 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. El proyecto pasa al Poder Ejecutivo que deberá decidir sobre su promulgación o veto.
Este proyecto se aprobó en Diputados el 1 de octubre, con “sugerencias” del Poder Ejecutivo. Legisladores opositores denunciaron que el proyecto no recibió entrada oficial. “Como una despensa nos tratan. Como si nosotros pudiéramos leer las modificaciones propuestas por presupuesto. O sea, yo en cincuenta minutos tengo que evaluar y confiar en que las modificaciones que se hicieron en una comisión están bien, una comisión que se reunió hoy a las ocho de la mañana”, expresó la diputada del partido País Solidario Johanna Ortega.
El audio que devela otros intereses
Los parlamentarios oficialistas defendieron la modificación y se sostuvieron en el discurso de la “transparencia”. Pero los verdaderos motivos detrás de esta iniciativa se dieron a conocer al día siguiente con la filtración de un audio del senador e impulsor de este proyecto, Gustavo Leite.
En el audio Leite decía: “Nos plantamos en el final, y ya sabés gracias a quién torcimos el brazo. Te mando el resumen” (…) “Esto se va a trancar en inconstitucionalidad en algún momento, porque ellos evidentemente no nos pueden dar los datos, porque si nos dan los datos, ellos mueren política y socialmente en Paraguay”.
El senador cartista, que además es miembro de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), no solo admitió haber enviado ese audio. Instó a que se continúe divulgando información privada de trabajadores que prestaron servicios a organizaciones de la sociedad civil. Estos documentos -principalmente, de periodistas y activistas- circularon por días en redes sociales a través de perfiles cartistas con el fin de exponer, desprestigiar y menoscabar a las organizaciones y a quienes alguna vez fueron empleados.
Un atentado a la libertad de expresión
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) publicó un comunicado en repudio a la utilización de datos privados de periodistas por parte de sectores vinculados al oficialismo. “En particular, condenamos la filtración de información obtenida desde la Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales relacionada con periodistas, lo que representa un grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho a ejercer la labor periodística”, expusieron.
Gina Romero, relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación dijo en una entrevista con Radio Monumental que la ley anti-ONG no busca la transparencia, sino que busca una lucha de poderes contra ciertas organizaciones para hacer una aplicación discrecional de la Ley. Además, explicó que impone sanciones muy altas. “Está por completo por fuera de los estándares internacionales de defensa y protección de los derechos humanos”, apuntó.
Organizaciones de la sociedad civil exigen el veto a la ley garrote. Argumentan que impone restricciones inconstitucionales y controles excesivos a las OSC. En conferencia de prensa, esta mañana, Dante Leguizamón, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy), expuso que la ley sigue con deficiencias fundamentales y con una estructura inconstitucional. “Es necesario el establecimiento de una mesa técnica de trabajo en la cual se puedan evaluar los controles y registros que existen hoy, y poder sentarnos a dialogar con franqueza”, refirió Leguizamón.
Qué derechos pone en riesgo la ley garrote
Amnistía Internacional publicó una carta abierta dirigida a Santiago Peña llamando al presidente a vetar el proyecto. Denuncia la violación de la Constitución Nacional y las normas internacionales de derechos humanos. La organización también señala que la ley afecta los derechos a la libertad de asociación, de expresión, la privacidad, el derecho a participar en asuntos públicos y a defender los derechos humanos.
“La iniciativa legislativa somete a organizaciones con fondos privados a injerencias estatales innecesarias, estableciendo requisitos de registro y sanciones que comprometen su existencia y capacidad de operar. Además, amenaza la privacidad y seguridad de las organizaciones, sus donantes y las personas a quienes defienden”, refieren en la carta.
Esta iniciativa es similar a otras adoptadas en países como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, México, Guatemala, Georgia, Hungría y Rusia, con la intención de perseguir y estigmatizar provocando sanciones desproporcionadas y cierres arbitrarios de organizaciones.
