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LGBTQ: 80 crímenes de odio impunes y un reconocimiento lento de su identidad
“Hay grandes avances, pero también grandes retrocesos, como la sentencia sobre parte de la Ley 807”. Luna Humerez, Otraf Bolivia “De los 10 casos: 5 están en fase preparatoria, 4 en juicio oral y una con rechazo; hay 100% de impunidad”. Informe Adesproc 2020-2022 80 CRÍMENES DE ODIO son estimados por los diferentes colectivos LGBTQ del país. Solo se conocen dos sentencias.
Este 28 de junio se recuerda el Día Internacional de la Diversidad Sexual. En Bolivia, esta conmemoración llega entre 80 crímenes de odio impunes y un lento reconocimiento de la identidad de género de la población LGBTQ+ (lesbiana, gay, bisexual, trans y otras identidades) del país.
“La población LGBTQ+ en Bolivia tiene grandes avances, como el reconocimiento de la unión de hecho de las parejas del mismo sexo; pero también grandes retrocesos, como la sentencia sobre la Ley 807 de Identidad de Género, que cercena varios derechos. Hemos registrado más de 80 crímenes de odio, cuya tipificación aún no está incluida en nuestra justicia”, señaló Luna Humérez, representante de la Organización de Travestis, Transexuales y Transgénero Femeninas de Bolivia (Otraf).
Víctimas de odio e impunidad
Para Otraf, junio empezó con una misa en memoria de Luciana, defensora de los derechos LGBTQ+, vocal del Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales de La Paz y Miss Mundo Bolivia Trans 2019. En agosto de 2022 sufrió un ataque por parte de su exenamorado, quien con ocho puñaladas le arrebató sus sueños y huyó.
Las lesiones le dejaron serios daños en la columna y le quitaron a su cuerpo parte de su movilidad. Si bien su corazón no dejó de latir, algo en él se apagó.
“Tenemos más de 80 crímenes de odio registrados, entre denuncias públicas y privadas. Pero son sólo los que pudieron ser identificados, hay muchos casos que no se denuncian ni registran”, estima Humérez.
En Bolivia constantemente se producen crímenes de odio y actos de violencia por la orientación sexual e identidad de género de las personas. Sin embargo, hasta ahora no existe una sistematización ni tipificación de los mismos, por lo que son calificados como delitos comunes.
El dato oficial más reciente se desprende del informe temático “Acceso a la justicia de la población LGBTIQ+ en Bolivia 2020-2022”, presentado por Adesproc. Según el documento, entre 2015 y 2020, la Fiscalía General reportó 10 casos de vulneraciones a los derechos a la vida e integridad de las personas LGBTQ+.
“Llama la atención que de los 10 casos reportados: cinco están en etapa preparatoria, cuatro en juicio oral y una con resolución de rechazo; comprobando que existe 100% de impunidad de los mismos al momento de la obtención del informe”, señala.
El reporte presentado por la Fiscalía no contempla el caso de Dayana, una mujer trans asesinada brutalmente en abril de 2016, cuyo cuerpo fue hallado totalmente ensangrentado, lleno de cortaduras y quemaduras. Tampoco registra el asesinado de Litzy, apuñalada con un destornillador en una discoteca de la ciudad de El Alto, en 2018.
Ambos casos son los únicos que lograron llegar a una sentencia. El resto, en su mayoría, permanecen impunes.
El primer caso lésbico
El asesinato de Virginia fue el primero en visibilizar la muerte de una mujer lesbiana a causa del odio por su orientación sexual.
El 14 de octubre de 2009, Virginia, una mujer lesbiana de 32 años de edad, fue internada en el Hospital de Clínicas de La Paz. Se encontraba inconsciente, totalmente golpeada.
Los autores eran el marido y el padre de su pareja del mismo sexo. No era la primera vez.
El certificado médico forense señala que la víctima “tenía 185 días de incapacidad”, una “enfermedad corporal cierta o probablemente incurable” y un “peligro inminente de perder la vida”. No solo la golpearon, la violaron.
El 25 de octubre de 2009, Virginia falleció a causa de una falla multiorgánica, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Su familia rechazó la autopsia de ley y cualquier investigación.
El fiscal mediante resolución señaló que en el cuaderno de investigación no existían suficientes elementos de convicción para fundar una imputación. En mérito a ello, emitió el requerimiento de rechazo a la denuncia.
El informe de Adesproc observa que “en ninguna actuación se menciona la orientación sexual de Virginia y que la resolución del fiscal que cerró el caso da a entender que murió a causa de una enfermedad crónica, sin mencionar la verdadera causa”.
Al igual que el caso de Virginia, el de Luciana quedó en nada. Ella no solo trataba de superar el ataque de quien fue su pareja y el temor de que vuelva a hacerle más daño. Luchaba contra el odio y discriminación que recibía tras el crimen.
En octubre, en medio de un cuadro depresivo, decidió quitarse la vida. Para sus amigas su novio la dejó muerta en vida ya en aquel ataque.
“No le hice daño a nadie, solo quería tener una vida normal. No sé por qué se dan estos actos de odio a nuestra comunidad”, se cuestionaba Luciana.
Un gran retroceso en la ley
El aporte normativo es sin duda uno de los avances más importantes del Estado para con la población LGBTQ+. Como muestra de ello está la nueva Constitución, la ley contra toda forma de discriminación (que hace referencia a la homofobia y transfobia) o la sentencia que permite la unión libre de las personas de un mismo sexo.
Sin embargo, también hay grandes retrocesos. En 2016, en Bolivia se promulgó la Ley 807 de Identidad de Género que protege y tutela los derechos de las personas transexuales y transgéneros.
La norma establece el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen en toda la documentación pública y privada que esté vinculada a la identidad de las personas trans, para ejercicio pleno de todos sus derechos.
“Sin embargo, una sentencia cercenó todos estos derechos. Declaró inconstitucional el artículo que hablaba sobre los matrimonios trans, la adopción, la confidencialidad y la paridad. Ahora estamos coartadas, la población trans no tiene los mismos derechos de cualquier otro boliviano”, manifestó Humérez.
Sin estos derechos, para muchas personas trans la norma es solo un protocolo, que no mejora las condiciones de vida que tiene esta población. Sin acceso al trabajo, a la salud y a la educación, una gran mayoría de ellas se ven obligadas a vivir del trabajo sexual, donde son vulnerables a la violencia y los crímenes de odio.
Pero las falencias no solo están en la declarada inconstitucionalidad, sino en el cumplimiento de los procedimientos para el cambio y reconocimiento de su identidad.
“La población trans está haciendo sus trámites con normalidad, pero hay retrasos en las instituciones públicas que no dan viabilidad ni facilidad al cambio de identidad. Por ejemplo, si se trata de una compañera que no es activista o no es conocida, le hacen tardar su trámite, hasta que vamos nosotras a ver qué pasa”, añade Humérez.
Si bien el proceso empieza en el Servicio de Registro Civil (Serecí), este se extiende al Segip, a la Policía, a las cajas de salud, a las universidades, a Migración y a toda institución en la que se tenga documentos que tengan que ver con la identidad de una persona.
“Si al empezar ya se tiene tropiezos, en los cambios de libretas, títulos, seguros y trabajo tarda aún más”, dijo la representante de Otraf Bolivia.
El informe de Defensoría del Pueblo “Ausencia de garantías estatales para el ejercicio del derecho a la identidad de género”, concluye que si bien Bolivia cuenta con la norma, el Estado “no garantiza la vigencia plena del derecho”.
Advierte que se debe a la ausencia de medidas normativas y administrativas “efectivas”. Añade que hay un trato discriminatorio y diferenciado del Estado hacia las personas transexuales y transgénero.
“Enfrentan barreras, dificultades, demoras y restricciones en razón de su identidad de género, que no permiten el goce de derechos fundamentales, como el derecho a la salud, educación, trabajo -y otros- en igualdad de condiciones que el resto de la población”, indica.
El acceso a la salud es uno de los problemas. Durante la pandemia, cuando se detuvieron los trámites, muchas de las personas trans se vieron imposibilitadas de acceder a la atención médica, pues en sus documentos aún tenían su identidad original y no la actual.
“También hemos tenido casos de hombres trans (que ya cambiaron su identidad) que van a la Caja y tienen que hacerse un chequeo ginecológico, por ejemplo; pero en la Caja les dicen no, tú ya figuras como hombre, entonces yo no puedo justificar que te esté dando un servicio para mujeres. En viceversa pasa lo mismo”, sostiene el informe defensorial.
Esta situación se debe a que no hay un reglamento ni bases de datos para que las personas trans puedan hacer uso de estos servicios.
Algo similar pasa en el acceso a la libreta militar. El numeral 12 del artículo 108 de la Constitución Política del Estado señala que prestar el servicio militar es obligatorio para los varones.
En este caso si bien hay una resolución ministerial emitida en 2019, ésta no se cumple. Para muchos les es difícil o muy costoso el conseguir el documento.
“Yo hice mi servicio militar y estoy en la libreta con mi nombre masculino, fui a averiguar y no me pudieron explicar cómo hacer el trámite, al final lo dejé así; es un documento que no voy a usar”, dice una mujer trans.
Si bien es cierto que los varones que cambiaron su identidad por una femenina no usarán más el documento, el problema aparece cuando se pasa de la identidad femenina a una masculina.
La única forma en la que podrían acceder a este documento es mediante el trámite de libreta de servicio militar por redención, al cual se acogen aquellos varones que no se hubieran presentado al proceso de reclutamiento.
El costo es de 4.000 bolivianos, además del 5% (200 bolivianos) por año de retraso, acumulable hasta el décimo año.
Esto ocurre incluso en quienes ya hicieron el premilitar antes del cambio de su identidad de género y ya cuentan con una libreta de servicio militar.
“Hay algunos chicos trans que tienen su libreta porque hicieron la premilitar con su identidad femenina. No queda claro cuál es el costo y el procedimiento”, dice el documento defensorial.
“Hay un trato discriminatorio y diferenciado del Estado hacia las personas transexuales y transgénero”.
Informe Defensorial
“La población trans está haciendo sus trámites con normalidad, pero hay retrasos en las entidades públicas”.
Luna Humerez, Otraf Bolivia
Fernanda, una víctima de la pandemia, el prejuicio y la violencia estructural
El 27 de mayo de 2020, al promediar las 23:00, en medio de la emergencia sanitaria, Fernanda llegó al centro de salud Lazaretto de Santa Cruz sin ningún síntoma de Covid-19. Su problema era otro, estaba inconsciente y con heridas en la cabeza y en la pierna.
Estuvo en puertas del nosocomio, sin atención y ya agonizante por 12 horas. Nadie se acercó a brindarle ayuda.
Desalojada, inhabilitada para trabajar y sumergida en la pobreza, como muchas otras mujeres trans. Así vivía Fernanda y esos también fueron los factores que se sumaron y decantaron en su muerte.
Al medio día del 28 de mayo, tras 12 horas de espera, el personal de ese centro pidió ayuda al Defensor del Pueblo, pues se vieron a sí mismos insuficientes ante este caso.
La notificación llegó al Movimiento de la Diversidad Sexual y de Género de Santa Cruz, que logró contactarse con un familiar y solicitó auxilio a las autoridades gubernamentales departamentales.
Tras otras seis horas de espera, mientras se hacían las gestiones para buscar un centro médico y ayuda económica, la hermana de Fernanda apareció para llevársela con ella a su domicilio.
Horas más tarde la secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz dio luz verde para el traslado al Centro Pueblo Nuevo. Allí le realizaron varias pruebas, menos la de Covid-19.
El viernes 29 de mayo, Fernanda fue retirada del sanatorio, pese a que su estado aún era crítico y que no había ambulancias disponibles. Sin pruebas certeras, los médicos supusieron que era un riesgo para el resto de los pacientes y que necesitaba atención especializada.
Sin más aclaraciones ni garantías fue despachada con una nota de referencia al Hospital San Juan de Dios, ubicado en el centro de la urbe.
Allí el personal médico no la recibió, argumentando falta de espacio. Aunque le prometieron que algún médico la atendería, nadie se le acercó. No le permitieron usar una camilla y la dejaron sola, sin brindarle la atención mínima.
Sin atención, sin esperanzas, la hermana de Fernanda se la llevó una vez más a su casa, para tratar de cuidarla por su cuenta. Allí murió Fernanda el sábado 30 de mayo.
Un congreso nacional, dos marchas y la Miss Trans
Esta semana, entre el 26 y 27 de junio, La Paz será la sede del congreso nacional de Otraf Bolivia LGBTQ+ “Trabajemos por nuestros derechos”. Delegaciones de todo el país hablarán sobre el acceso a un trabajo digno, pobreza, salud y violencia, entre varios temas.
“Esta semana tenemos varias actividades. Tendremos el congreso más grande de mujeres trans que se va a realizar acá en La Paz. Tocaremos temas como el transfeminicidio, el trabajo, la educación, etc. Llegarán delegaciones de los nueve departamentos para reunirnos en el Hotel Stanum”, indicó Luna Humerez, representante de Otraf.
El congreso cerrará el miércoles con una “marcha política” que tomará diferentes espacios de la ciudad para exigir el cumplimiento de sus derechos. Será un acto de protesta sin plumas, colores ni lentejuelas.
Los brillos se reservarán para la noche del 28 de junio, cuando se realice el Miss Bolivia Trans 2023. Se contará con representantes de todo el país, que se disputarán la corona de este año.
“Será un evento desde nuestros cuerpos, porque nosotras luchamos, interpelamos y visibilizamos desde nuestros cuerpos. Este año tendremos una corona, pero serán cinco candidatas ganadoras que van a articular nuestra lucha internacional”, manifestó Humérez.
Y es que este año, por primera vez, Otraf Bolivia tiene las franquicias para enviar a quienes ganen a los eventos internacionales. La ganadora se irá a Tailandia y la segunda irá a París.
Las otras tres finalistas también tendrán un destino al que deberán ir en representación del país para realizar un trabajo de defensa de los derechos LGBTQ+.
“Y ya el 1 de julio tenemos la marcha por las diversidades sexuales, con el que cerraremos esta semana”, finalizó.
28 de junio, la revuelta que marcó un hito para las diversidades
La noche del 28 de junio de 1969 marcó un antes y después en la lucha por los derechos de las diversidades sexuales. En esa fecha se produjo la rebelión de Stonewall Inn, un bar de Greenwich Village, en Manhattan, Nueva York.
Este era un lugar de mucha vida nocturna, donde -casi de forma clandestina- se brindaba un espacio de ocio y entretenimiento a personas LGBTQ+. Y es que en aquellos años, en varios estados, ejercer la libertad sexual era ilegal. Eran comunes las redadas policiales para identificar homosexuales, lesbianas y, sobre todo, personas trans. Se les pedía desvestirse y si verificaban que eran hombres vestidos de mujeres eran arrestados.
Aquella noche, un grupo de policías que estaban acostumbrados al chantaje y la coerción en estos locales llegaron a Stonewall con el fin de cerrar el lugar. Sin embargo, cansados de los abusos, un grupo de mujeres trans y personas homosexuales se les enfrentó.
La violenta represión causó el enojo de más personas que pronto llegaron hasta el lugar. Los conflictos se extendieron por varias noches, en ellas el icono eran las personas LGBTQ+. No pasaron muchos días para que se conformen grupos de activistas y defensores de sus derechos.
Un año después, para conmemorar la sublevación en la Gran Manzana, se realizó la primera marcha por la liberación, denominó como el desfile del orgullo gay.
En Bolivia se la conoce como la Marcha de la Diversidad Sexual. Con este ya son 22 años desde que se celebró la primera, en la ciudad de Santa Cruz. Con el tiempo estas marchas llenas de lentejuelas y luces se replicaron en las ciudades de La Paz y Cochabamba.
