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El Alto comisionado de la ONU en su informe las violencias contra personas LGBTIQ+
Desde el Observatorio de DD.HH de Caribe Afirmativo, analizamos los 75 hallazgos junto con sus 25 recomendaciones, con la finalidad de evidenciar los hallazgos relacionados a la vulneración de derechos de las personas LGBTIQ+. 04 de marzo de 2023. El Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el año 2022, y desde el Observatorio de DD.HH de Caribe Afirmativo, analizamos los 75 hallazgos junto con sus 25 recomendaciones, con la finalidad, de evidenciar los hallazgos relacionados a la vulneración de derechos de las personas LGBTIQ+.
El informe hace énfasis en el impacto de la violencia en los territorios, en el estado de implementación del Acuerdo de paz en materia de derechos humanos (incluyendo la reforma rural, la justicia transicional y el espacio cívico) y aborda la nueva política de “Paz Total” y la transición hacia un modelo de seguridad humana.
Es así cómo inicia destacando que el nuevo Gobierno de Gustavo Petro, priorizó en sus primeros 100 días de Gobierno, el desarrollo de una nueva política de “Paz Total” que incluye la implementación integral del Acuerdo de Paz mediante la adopción de un Plan de emergencia para la protección de personas líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
Y esto lo hace en razón al informe “Violencia Territorial” realizado por el mismo comisionado dondehace recomendaciones al nuevo gobierno por cuanto identifica 156 municipios del País donde la violencia ejercida por grupos armados no estatales y organizaciones criminales, impactó gravemente la situación de los derechos humanos.
Estos grupos y organizaciones que mantienen una presencia en varios territorios y ejercen control sobre la población, han afectado severamente los liderazgos y la vida comunitaria indígena, afrodescendiente y campesina, a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ y es así como en estos contextos, se cometieron la mayoría de los homicidios de personas defensoras de derechos humanos, afectando la capacidad organizativa de las comunidades y su tejido social.
Ahora bien, en relación a la situación general de seguridad y de derechos humanos en Colombia, el ACNUDH reconoce haber recibido alegaciones de 128 casos de posibles masacres en 2022, de los cuales, 92 fueron verificados, 2 siguen en proceso de verificación y 34 fueron considerados no concluyentes. Los departamentos con más afectaciones fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que, en el año 2022, 82.862 personas han sido desplazadas y 102.395 personas se han visto confinadas, mientras que, en el año 2021, fueron desplazadas 73.974 personas y 65.685 sufrieron confinamiento incrementando en un 12.01% y 55.88% respectivamente de estas situaciones de violencia .
Así mismo, la Oficina del alto comisionado documentó casos de violencias basadas en género (esclavitud sexual, uniones tempranas, violaciones) en el marco del conflicto armado. Estas violencias hacen parte de las formas de ejercer control territorial por parte de los grupos armados no estatales perpetrando además, homicidios, feminicidios y restricciones a la libre expresión de las personas LGBTIQ+ ejerciendo sobre ellas diferentes patrones de violencias.
Con relación a la situación de personas defensoras de derechos humanos, el ACNUDH reconoció en el año 2022, un alto nivel de violencia al recibir, 256 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos de las cuales se verificó que, 116 de los casos, existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa. 9 de las víctimas de los casos verificados eran mujeres, incluyendo 3 indígenas, 1 afrodescendiente, 1 campesina y 1 mujer trans; 107 eran hombres, incluyendo 23 indígenas, 14 afrodescendientes y 52 campesinos.
Diversos grupos armados no estatales, serían los presuntos responsables del 73% de los homicidios verificados y fue así como de ésta manera, desde el alto comisionado se promovieron medidas de protección y acciones investigativas para 682 casos de amenazas y ataques en contra de personas defensoras, 501 en contra de hombres, 163 en contra de mujeres, algunas de las cuales constituyen violencia de género, 8 en contra de personas LGBTIQ+ y 10 en contra de organizaciones.
Finalmente, en relación a hacer efectivo el derecho a la reunión pacífica, ACNUDH reconoció que el Gobierno Nacional actual adoptó algunas medidas significativas para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos sobre el derecho de reunión pacífica, es así, como en el marco de la reforma a la Policía Nacional, anunció un proceso de transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) con estrategias como la preeminencia del diálogo, la utilización de la fuerza diferenciada como último recurso y la rendición de cuentas. No obstante, fue claro al advertir que la reforma al ESMAD debe obedecer al resultado de un amplio proceso participativo con diversos actores de sociedad civil, y debe incluir, cambios de fondo como la revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas menos letales; así también, el fortalecimiento de los mecanismos internos de control que garanticen el estricto cumplimiento de los estándares internacionales. También consideró que es crucial fortalecer los mecanismos para prevenir e investigar las violencias sexuales y las basadas en género contra mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ocurridas en 2021.
En cuanto a las 25 recomendaciones al Estado planteadas en el documento, exhortó al Gobierno Nacional a intensificar esfuerzos para garantizar el acceso de las personas sobrevivientes de violencia sexual y basada en género en el marco del conflicto a una atención integral, evitando la estigmatización y haciendo necesario priorizar la prevención de la violencia basada en género y sexual en las zonas más afectadas por el conflicto armado, igualmente, instó a la Fiscalía General de la Nación a que avanzara en las investigaciones de las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario de manera exhaustiva, rápida, independiente, imparcial y eficaz, incluyendo, las violaciones cometidas durante el Paro Nacional de 2021, particularmente, los homicidios en el contexto de las protestas, las lesiones graves, la violencia sexual y basada en género para llevar a los presuntos perpetradores ante la justicia.
