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Entre las violencias múltiples, la violencia focalizada hacia las personas LGBTI+
En 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), el primer ejercicio de alcance nacional hecho por el Estado mexicano en la materia. Los resultados evidenciaron un conjunto de mecanismos (de inseguridad, miedo, discriminación, violencia) mediante los cuales se restringe el ejercicio de los derechos de las personas que se identifican como LGBTI+, que son el 5.1 % de la población del país.
Hace unas semanas se publicó el informe “Los rastros de la violencia por prejuicio: violencia letal y no letal contra personas LGBT+ en México, 2022”, un esfuerzo desde sociedad civil organizada, elaborado por el equipo de Letra S, bajo la dirección de Alejandro Brito y la coordinación de Samuel Jair Martínez. Entre los datos que ofrecen destacan 87 muertes violentas de personas LGBTI+, “presuntamente relacionadas con su orientación sexual o identidad o expresión de género”, de las cuales la edad promedio fue de 34.7 años. El dato de 2022 es un aumento considerable respecto de 2020 y 2021. Y, lo que es más: el informe alerta de que “la cifra real se aproximaría a las 200 víctimas de homicidio”.
Otros datos del informe: en 2022 se reportaron 22 asesinatos de hombres gay, lo que permitió estimar una tasa de 4.2 homicidios por cada cien mil habitantes; asimismo, se identificaron 11 casos de asesinatos de mujeres lesbianas. Entre las víctimas: 6 personas defensoras de derechos humanos, 3 periodistas y una persona con VIH. Este último dato permite aclarar que el entorno de violencias múltiples hace que confluyan varios factores en grupos determinados de personas. Es decir, que cuando se comparten ciertas condiciones, como ser persona LGBTI+, periodista y/o defensor de derechos humanos y/o persona con VIH, es mayor el contexto de violencia que se enfrenta. Misma situación si se revisan los datos respecto de asesinatos de mujeres trans, que contabilizaron 48, es decir, 55.2 % del total de muertes violentas de personas LGBTI+ en 2022, con un promedio de edad de 33.9 años.
Este panorama es muy preocupante. Es cierto que las violencias múltiples que suceden cotidianamente en México generan un escenario complejo. Sin embargo, también es cierto que aquella que sucede hacia las personas LGBTI+ no es una violencia reciente. Asimismo, hoy existen diferentes instrumentos de medición y análisis de datos que permiten que las instituciones públicas diseñen políticas para atender esa violencia focalizada. Más allá de este énfasis en los problemas de violencia hacia la población LGBTI+, también es necesario que se diseñen políticas que construyan contextos favorables al respeto a la diversidad y la garantía de los derechos. Esto se hace necesario si observamos los datos de ENDISEG sobre discriminación y exclusión. Ni de cerca estamos en un escenario nacional en el que se respeten las orientaciones sexuales diversas ni las expresiones e identidades de género, no sólo porque la violencia y discriminación prevalece en el ámbito social, sino porque ni siquiera se ha logrado que las administraciones públicas y las personas que las integran asuman actitudes de respeto a la diversidad.
Las políticas públicas son el resultado de las intervenciones del Estado para la resolución de problemas públicos determinados. Un problema público es un conjunto de circunstancias que generan agravio a un grupo de personas y, en consecuencia, limitan el ejercicio de sus derechos. Hace un año, con la publicación de los resultados de la ENDISEG, en este mismo espacio enfatizamos que lo que correspondía —como paso siguiente— era utilizar sus resultados para proponer esfuerzos de política pública que buscaran resolver los problemas de violencia y discriminación a los que se enfrentan las personas LGBTI+ en México. Esta sigue siendo una necesidad apremiante. Los gobiernos mexicanos, en los tres órdenes, no han asimilado la urgencia de diseñar estrategias que generen contextos seguros para que las personas LGBTI+ ejerzan los derechos que les son inherentes. El impulso de acciones de política pública para empezar a construir esos escenarios respetuosos de la diversidad sexual y garantistas de los derechos requiere mucho más que iluminar edificios o poner banderines durante los meses de junio de cada año.
Este 2023, como el año anterior, se reafirma la necesidad de seguir peleando por la garantía de los derechos de las personas LGBTI+, porque necesitamos que los gobernantes —y las administraciones públicas— asimilen que más que edificios iluminados y banderas de colores, lo que necesitamos las personas LGBTI+ es vivir en un país en el que no esté limitado el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal, la orientación sexual, la identidad de género y el resto de los derechos que la violencia y la discriminación cancelan cotidianamente.
