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Con miedo, pero peleando sus derechos: así viven las familias con niños LGBTQ en estados que quieren criminalizarlos
El sargento de policía y padre soltero David Fuller pidió entre lágrimas a los legisladores de Alabama que no le obligaran con una ley a arrestar a los médicos que le ayudaron con el tratamiento de transición de su hija Jessica a mujer transgénero: "Son héroes en mi vida", les dijo en su testimonio de febrero de 2021. Amber Briggle vive "aterrada" de que el gobierno de Texas —que ya la investiga— pueda llegar un día a su casa para separarla de sus hijos solo porque ella decidió apoyar a uno de ellos en su cambio de género.
Sus historias son apenas dos entre las cientos que se escuchan en más de 15 estados de Estados Unidos donde gobernadores, fiscales y legisladores buscan criminalizar a las poblaciones LGBTQ a través de órdenes y leyes.
"Los ataques políticos contra los jóvenes transgénero han escalado con los años hasta este momento decisivo", escribió Briggle el 8 de marzo pasado en una página que dedicó a su hijo Max. Días antes, su familia había sido visitada por una funcionaria de los Servicios de Protección de Menores (CPS) en Texas, una de las agencias que avanza en las indagaciones en su contra por supuesto abuso infantil.
Todo comenzó a materializarse después de que el fiscal estatal, Ken Paxton, asegurara en una opinión que ciertos procedimientos y tratamientos para la afirmación de género en menores de edad constituían, según él, abuso infantil. Apoyado en ese argumento, el gobernador del estado, Greg Abbott, ordenó que se investigara a los padres y que cualquier médico, enfermera y maestra reportara los casos conocidos de niños sometidos a esos tratamiento o estarían sujetos a penas criminales.
"Necesitamos ponerle un límite a esto. No podemos permitir que algunos estadounidenses tengan que irse de sus casas para poder garantizar sus derechos civiles", reclamó la madre.
Los Briggle se consideran una familia normal, pese a lo que digan los políticos de su estado. Tienen una minivan, hacen voluntariado y van a la iglesia. Tienen una casa en la que no falta la comida, con un trampolín en el patio para que jueguen sus niños. Su hija Gracie, la mayor, es ahora Max. Con 14 años, está en el proceso hacia su transición. Le gusta jugar baloncesto y Minecraft, ama tocar el ukulele y comer tocineta: "Es como cualquier otro niño de segundo grado", dijo la madre de dos en una conferencia de Ted Talk. Y a sus nueve años, su hija menor, Lulu, ama la danza y la natación.
"Somos una familia que califica para adoptar niños, no una familia a la que se los quiten para darlos en adopción. Aún así, el gobierno está intentando separarnos solo porque amamos a nuestros hijos incondicionalmente", reclamó la madre.
Su familia es una de las nueve conocidas que —hasta el 11 de marzo de 2022— eran investigadas por las autoridades del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas (DFSP) siguiendo la orden de Abbott.
El trauma que deja
Amber Briggle cuenta que su familia ha vivido con el temor de que llegaría el día en que los políticos intentarían frenar el apoyo que ella decidió darle a su hijo. "El miedo y el pánico nos ha invadido, nos ha dejado en una tiniebla que no se va. No hemos podido dormir y tenemos dolores de cabeza constantes. Comemos solo por necesidad".
La funcionaria que llevaba el caso de su familia finalmente los visitó. Entrevistó a los niños y los padres le mostraron la alacena, los dibujos pegados en las paredes, los juguetes, los libros, el jardín con su trampolín, las camas de sus hijos llenas de peluches y la sala de juegos. Briggle dice que antes de irse, mientras veía a Max tocar su violoncelo, ella les dijo que "claramente estaban haciendo algo bien". A pesar del comentario, cuando la agente de CPS se marchó, no se sintieron aliviados: "Estamos esperando que se decida el destino de nuestra familia. Planeamos quedarnos (en Texas) y pelear lo más que podamos".
Este fin de semana, la jueza de distrito del estado Amy Clark Meachum frenó temporalmente la directiva de Abbott para investigar a los padres de niños transgénero por abuso infantil. Poco después de esa orden, el fiscal Paxton anunció que apelaría la decisión. Los abogados de los demandantes —la Unión Americana de Libertades Civiles y Lambda Legal, una organización de defensa de los derechos LGBTQ, en nombre de la familia de una joven transgénero de 16 años— creen que cualquier disputa no tendría fundamento. Aseguran que seguirán dando la pelea para que la orden de Meachum siga en efecto. Paxton dice que con su apelación las investigaciones continuarán y que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema.
Ricardo Martínez, director Ejecutivo de la organización Equality Texas, pidió al DFPS en una audiencia la semana pasada que "priorice la salud y bienestar de los niños trans y sus familias antes que las políticas partidistas". Al citar los hallazgos de la comunidad médica, les recordó que la atención para estos niños es "necesaria desde el punto de vista médico y puede salvar vidas". Cerró al recordarles que la participación de DFPS en iniciativas que generan "miedo político" está creando "confusión en las escuelas, en los consultorios, en lugares de credo (...) con consecuencias en la vida diaria de las personas transgénero".
En los últimos años, los legisladores en varios estados han avanzado en leyes y medidas que cuestionan a los jóvenes LGBTQ. Y en 2022, las agendas legislativas muestran decenas de proyectos en el mapa enfocados en criminalizarlos.
En Florida, por ejemplo, el Senado —de mayoría republicana— le dio el visto bueno a una ley llamada 'No digas gay', que prohíbe que las escuelas primarias enseñen, como parte del programa formal, asuntos relacionados con la identidad de género o la orientación sexual. El texto impide que esos temas se traten "de una manera no apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes". Esto ha sido analizado con recelo por sus oponentes, que aseguran que eventualmente podría incluir a estudiantes de más edad. Se espera que el gobernador Ron De Santis le dé el visto bueno.
El documento fue criticado por el secretario de Educación, Miguel Cardona, que la considera una ley "basada en el odio y en la discriminación". Mónica Trasandes, directora de medios en español y Latinx de la organización GLAAD, que promueve el diálogo sobre estos temas, asegura que esta ley —como otras similares que se discuten en el país— censura a los jóvenes para que no hablen sobre su identidad. "Están tratando de darle vergüenza a los jóvenes que son parte de la comunidad LGBTQ y eso es totalmente injusto", dijo al Noticiero Digital de Univision.
En Alabama, después de que el sargento de la Policía de Gadsden, David Fuller, contó la experiencia con su hija ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, los esfuerzos para limitar a los jóvenes transgénero no cesaron. Hace poco más de una semana, los legisladores aprobaron un proyecto de ley (el HB 322) para prohibir a los estudiantes hasta la secundaria usar el baño o el vestidor que se ajuste a su identidad de género. Y en la agenda legislativa de 2022 está otro proyecto, el HB 266, que, de ser aprobado, impediría la atención médica y cirugías a los menores hasta los 19 años. Contempla penas de prisión y multas de hasta 15,000 dólares para los proveedores de salud que incumplan la disposición.
Arizona es uno de los estados con más proyectos de ley pendientes, unos 12, según Freedom for all Americans, una campaña bipartidista que busca la no discriminación de las personas de la comunidad LGBTQ. Entre esos proyectos, sus legisladores tienen en agenda uno similar al HB 266 de Alabama y al que es disputado en Texas, que prohibiría a los médicos brindar asistencia para su transición de género a menores de 18 años.
En un panel del festival South by Southwest (SXSW), en Austin, Texas, el tema de las leyes contra los niños transgénero entró en el debate este fin de semana. Aunque la orden de Abbott fue frenada temporalmente, algunos jóvenes sienten la amenaza de que pueda entrar en vigor y queden sin apoyo médico, como ya ocurrió este mes, cuando el mayor hospital pediátrico de EEUU, el Texas Children's Hospital, frenó los tratamientos de afirmación de género.
El estudiante de secundaria Charlie Apple, de 18 años, reclamó a los políticos desde Austin que en lugar de proteger sus derechos civiles "están hablando de cómo mi existencia es abuso al menor y cómo debo ser separado de mi familia y puesto en el sistema de adopción" pese al apoyo que ha recibido en casa. "Temo que llegue el día en que una de mis maestras pueda reportarme a DFPS (...) Siento que no hay nada que pueda hacer. Estoy a la suerte de los poderosos que no me entienden y quieren poner una agenda política sobre mi cuerpo, sobre lo que soy como persona".
Las salidas
La Academia Estadounidense de Pediatría ha publicado varios estudios que muestran las consecuencias de las disparidades que enfrentan los jóvenes LGBTQ y que parten, entre otras cosas, de leyes y políticas que refuerzan las desigualdades.
"Los adolescentes y adultos que se identifican como transgénero registran altas tasas de depresión, ansiedad, desórdenes alimenticios, autolesiones y suicidio", se lee en el estudio 'Garantizar la atención y apoyo integral a la niñez y adolescencia transgénero y género diversa'. Explica que enfrentan estigma y discriminación, lo que los lleva al aislamiento que puede, como consecuencia, afectar su bienestar físico y emocional. Muchos, concluye el estudio, terminan escondiendo su identidad de género y su expresión para evitar el acoso, ser objetos de burla o la victimización.
En el mismo documento, estiman que 56% de los jóvenes que se identifican como transgénero han reportado previamente ideas suicidas y 31% ha intentado quitarse la vida. Esa es la peor consecuencia, la que madres como Amber Briggle temen ante las decisiones políticas. Ella cita la cifra en sus conferencias para advertir de los efectos que puede tener la criminalización de los jóvenes transgénero y sus familias.
Otras madres de Texas, como Camille Rey, decidieron no esperar el desenlace en corte de la orden de Abbott: ella y su familia se mudaron a Maryland, donde no hay proyectos ni órdenes similares a la de Texas. "Mi hijo no sabe nada de lo que está pasando en Texas. Puede ser niño, puede jugar, puede ir a la escuela sin tener mucha preocupación por estas leyes o porque alguien del gobierno lo pueda estar atacando a él o a nuestra familia", explicó a Univision. Y ella también se siente más segura, puede dormir en paz. "Estoy muy agradecida de que mi hijo no está en Texas, pero también me siento mal por las otras familias que no pueden salir".
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