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En el MAS abren el debate en torno a la posible unión de personas del mismo sexo
Políticos abrieron el debate del matrimonio homosexual en el país. Los movimientos de defensa de derechos humanos y diversidades sexuales llevan años reclamando el derecho humano de todas las personas a formar una familia. La Iglesia Católica es la principal fuerza opositora. El vicepresidente Álvaro García Linera y el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, abrieron de nuevo esta semana el debate en torno a la posible unión de personas del mismo sexo en el país. Linera mencionó que "no es un tema de falta de voluntad del Gobierno. Hay que abordarlo", aunque matizó que "no va a ser fácil, es una revolución dentro de la revolución".
Por su parte, el presidente del Senado dijo que la unión de personas del mismo sexo no debiera ser un problema y habló de la necesidad de debatir su marco jurídico.
"Si se aman, ¿cuál es el bollo?, ¿cuál es el problema? Tienen la posibilidad de hacerlo en tanto no afecten al resto de la sociedad", dijo Gonzales.
Ambas posturas suponen una apertura por parte del gobierno. En el pasado, la bancada del Movimiento al Socialismo bloqueó varios intentos de regulación de la unión de personas del mismo sexo.
Primero durante el proceso de la Asamblea Constituyente y después cuando se debatió el Código de Familia. El artículo 63 de la Carta Magna limita el derecho al matrimonio civil a parejas heterosexuales.
El matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema de Derechos Humanos Universales respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que considera que el matrimonio es un derecho que asiste a todas las personas con independencia de su orientación sexual.
Intentos fallidos La primera vez que se habló de debatir este tema en instancias públicas fue durante el proceso de la Asamblea Constituyente en 2006.
Diferentes movimientos apostaron por incluir en la nueva Constitución la unión civil igualitaria. Sin embargo esta propuesta no fue ni siquiera debatida según Alberto Moscoso, director de la Coalición Boliviana de Organizaciones LGBT (COALIBOL).
La primera tentativa de legislar a favor de la unión de personas del mismo sexo la hizo Erika Claure en abril de 2012.
La diputada opositora de Convergencia Nacional presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de unión de parejas homosexuales en el que establecía un marco legal para garantizar los derechos civiles de las parejas que se inscribieran en el Registro Civil.
Entre las reivindicaciones se encontraba la posibilidad de acceder a créditos de vivienda, sucesión de bienes, seguro social o la autorización quirúrgica en casos de urgencia. Ese mismo año, la senadora del oficialismo, Hilda Saavedra, planteó a la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Ante la negativa a tratar el tema, la senadora volvió a la carga dos veces más, otra ese mismo año y la última en octubre de 2013. Su Proyecto de Ley de Interpretación del artículo 63 de la CPE pedía la unión de hecho de las personas del mismo sexo, lo que no ha sido discutido hasta día de hoy, pero tuvo buenas repercusiones entre el colectivo TLGB de Bolivia que se congratuló de que la intención viniera de alguien del MAS.
Para Alberto Moscoso, representante de COALIBOL, el fracaso radica en haber intentado luchar por la denominación de matrimonio o unión. "Durante toda la Asamblea Constituyente hemos peleado por el matrimonio y nos pusieron candado".
Código de las Familias
El Código de las Familias, que fue promulgado en noviembre de 2014 por el presidente Morales y que entrará en vigor en agosto de 2015, cerró la puerta a la legalización de la unión homosexual pese a la incidencia de los movimientos sociales que lo apoyaron.
La norma redujo a cuatro las condiciones para contraer matrimonio: a) Consentimiento; b) Diferencia de sexos; c) Edad, y d) Libertad de estado.
La Iglesia Católica aplaudió la decisión de no legislar a favor de las uniones homosexuales pues considera que el matrimonio es para hombre y mujer.
Sin embargo, mientras una puerta se cerraba una ventana se abría. El nuevo concepto de Acuerdo de Vida en Familia (AVF) comenzó a perfilarse como una alternativa a las otras dos figuras legales -matrimonio y unión- a través de la cual las parejas gays podrían ejercer el derecho humano a formar una familia.
Esta opción es apoyada por el Movimiento TLGB de Bolivia que a través de su representante David Aruquipa manifestó su posición en las redes sociales tras conocerse las declaraciones del vicepresidente del gobierno y del presidente del senado.
El colectivo se acoge a la disposición transitoria quinta del mencionado Código de Familias donde se refleja el concepto del AVF y recalca la responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional "de sancionar las leyes complementarias al presente Código, garantizando el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos de la pluralidad y diversidad de las familias y sus integrantes".
Por otro lado, desde COALIBOL, Moscoso asegura que ya se encuentran preparando un anteproyecto de ley que regulará este Acuerdo de Vida en Familia. Establece los mismos derechos que el matrimonio o la unión, "pero sin necesidad de llamarse como tal, así lograremos más apoyos", apuntó.
Manuel Canelas, primer diputado abiertamente gay de Bolivia y perteneciente al MAS, duda que el tema esté realmente en agenda y cree que para lograr derechos tiene que haber detrás un proceso de incidencia progresivo. "No conozco ningún país que haya aprobado el
matrimonio gay de la noche a la mañana". Considera que primero se debe avanzar en puntos más accesibles para después hacer propuestas más ambiciosas.
"El código de las familias deja una puerta abierta en su disposición final, por ahí hay que trabajar", y hace un llamamiento a la unión de todos los colectivos que defienden los derechos TLGB para que salgan a la calle y se ganen la opinión pública. "Los avances se logran haciendo ruido en la calle y esa presión es la que hace reaccionar al legislativo".
Incompatibilidades entre los artículos 14 y 63 de la CPE
Los grupos favorables a la legalidad del matrimonio o unión homosexual, critican que la Constitución Política del Estado defina en su artículo 63 el matrimonio como la unión entre hombre y mujer y al mismo tiempo recoja explícitamente en su artículo 14 la prohibición de discriminar por razones de orientación sexual.
De la Carta Magna se deduce que si bien no se permite la unión entre dos personas del mismo sexo, tampoco hay una prohibición taxativa para ello.
16 países en el mundo lo permiten
En septiembre del año 2000 Holanda se convirtió en el primer país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Le siguieron Bélgica en 2003; Canadá y España en 2005; Sudáfrica en 2006; Noruega y Suecia en 2009; y Portugal, Islandia y Argentina, que aprobaron sus respectivas leyes en 2010.
Hasta la fecha suman 16 los países que contemplan la posibilidad de estas uniones. Más de la mitad se encuentran en Europa: Holanda, Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Nueva Zelanda, Uruguay, Francia, Luxemburgo y Finlandia.
En la región, el primero en tomar la decisión fue Argentina en 2010, país al que siguió Uruguay en 2013. Además, el matrimonio gay también está permitido por orden del Tribunal Supremo en una decena de estados de Estados Unidos, en la capital y otro estado de México y en Brasil, aunque todavía no hay una ley específica que lo regule.
Otros países como Alemania, Irlanda, Israel, República Checa, Colombia o Reino Unido permiten uniones civiles entre homosexuales, pero no aceptan la denominación de matrimonio.
La Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) denuncia que todavía 78 países, el 40% del total de los miembros de la ONU, siguen teniendo legislaciones que criminalizan las relaciones homosexuales.
