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El Estado colombiano pide perdón a lesbiana por discriminación
El Ministerio de Justicia de Colombia asumió este miércoles la responsabilidad por cometer actos de discriminación en contra de una mujer lesbiana privada de su libertad, por lo cual este miércoles le ofreció disculpas en nombre del Estado. Marta Álvarez es una mujer lesbiana a la que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario le negó, sin justificación alguna, la posibilidad de recibir a una mujer como visita conyugal hace 21 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado garantizar y respetar los derechos de Marta en condiciones de igualdad en relación con cualquier otra persona privada de su libertad.
El 18 de mayo de 1996 Marta Álvarez acudió ante la CIDH para que ésta intercediera por la violación de sus derechos por motivo de su orientación sexual. La comisión se declaró competente para llevar su caso.
En un primer momento, la Dirección de Reclusión de Mujeres alegó como respuesta que al permitir visitas íntimas a homosexuales “se estaría aplicando una excepción a la norma general que prohíbe tales prácticas (la homosexualidad) con lo cual se afectaría el régimen de disciplina interno de los centros carcelarios”.
Gil Botero, ministro de Justicia, indicó este miércoles que “negar el derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual fue un hecho de discriminación extrema, pero no haberle ofrecido un recurso judicial efectivo para revindicar sus derechos profundizó la violencia institucional de la que ya era víctima”.
“Es una historia poco conocida que empezó en los años 90, fue una pelea silenciosa y sostenida, hoy se convierte en un gran ejemplo para toda la comunidad y el país, demuestra que vale la pena luchar por la justicia, insistir y persistir hasta que por fin el INPEC y el gobierno van a reconocer que la discriminación fue un error que no debe volver a ocurrir”, dijo Mauricio Albarracín, investigador de justicia y activista en defensa de la población LGBT.
Marta Álvarez luchó durante más de dos décadas para que sus derechos le fueran reconocidos y para que ninguna persona LGBT tuviera que vivir la discriminación que ella sufrió por parte del Estado durante su reclusión.
Hoy radica en Estados Unidos y, en el marco del acuerdo con el Estado colombiano, desarrollará un programa de formación al interior de las cárceles para promover el respeto a los derechos de las personas LGBT, el cual se llevará a cabo en los centros penitenciarios de Bucaramanga, Pereira, Cali y Medellín.
Con información de Vanguardia y RCN Radio. Imagen tomada de Noticias al Día.
