Un grupo de parejas homosexuales presentaron distintas demandas ante los tribunales federales de sus Estados de origen, en los Estados Unidos. En estas presentaciones se alegaba que los funcionarios estatales violaban la Decimocuarta Enmienda –que, entre otros aspectos, alude al debido proceso y a la protección igualitaria– al negarles el derecho a casarse o desconocer los matrimonios realizados en otros Estados. Cada tribunal de distrito (Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee) falló a favor de los peticionarios. Sin embargo, el tribunal del Sexto Circuito revocó las sentencias. Los demandantes presentaron un recurso de revisión judicial ante la Corte Suprema para que considerara si la negativa de Ohio a reconocer el matrimonio celebrado en otras jurisdicciones violaba la decimocuarta enmienda. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que el matrimonio entre personas del mismo sexo no puede ser prohibido por la legislación estatal. Asimismo, estableció que los matrimonios celebrados en esos términos deben considerarse válidos en todos los estados y celebrarse en todo el país.
La mayoría de la Corte Suprema sostuvo que había cuatro principios y tradiciones que demostraban que las razones para entender que el matrimonio era fundamental en la Constitución y se aplicaban con igual fuerza a las parejas heterosexuales que a las del mismo sexo:
“La primera premisa de manifiesto en los precedentes relevantes de esta Corte es que el derecho a la elección personal con respecto al matrimonio es inherente al concepto de la autonomía individual. Esta conexión permanente entre el matrimonio y la libertad es la razón por la cual la prohibición del matrimonio interracial fue invalidado en Loving bajo la cláusula del debido proceso. […] Un segundo principio en la jurisprudencia de esta Corte es que el derecho a contraer matrimonio es fundamental, ya que apoya la unión de dos personas como ninguna otra por su importancia para las personas comprometidas. La asociación íntima protegida por este derecho fue fundamental en Griswold v. Connecticut, que sostuvo que la Constitución protege el derecho de las parejas casadas a usar anticonceptivos”.
Del mismo modo, el tribunal explicó que “[l]as parejas del mismo sexo tienen el mismo derecho que las parejas de distinto sexo para disfrutar de asociación íntima, un derecho que se extiende más allá de la mera ausencia de leyes que califican como delito penal las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo [Cfr. Lawrence v. Texas]”.
Por otro lado, la Corte Suprema estadounidense agregó que “…el derecho a contraer matrimonio […] protege a niños y familias y por lo tanto otorga significado adicional a los derechos conexos de crianza de los hijos, la procreación y la educación. Sin el reconocimiento, la estabilidad y la previsibilidad que ofrece el matrimonio, los niños sufren el estigma de saber que sus familias son de alguna manera, inferiores. También sufren los costos significativos de ser criados por padres solteros, relegados a una vida familiar más difícil e incierta. Las leyes sobre el matrimonio cuestionadas en estos casos dañan y humillan a los hijos de parejas del mismo sexo”.
Sin embargo, el tribunal aclaró que “[e]sto no quiere decir que el derecho a contraer matrimonio es menos significativo para quienes no tienen o no pueden tener hijos”.