I. Artículo 10 del Convenio

El recurrente se quejaba de que la orden de divulgación que le obligaba a revelar la identidad de su informador, así como la multa que le había sido impuesta por negarse a colaborar, suponen una violación del artículo 10 del Convenio. Ninguno de los comparecientes pone en cuestión que estas medidas constituyen una injerencia en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

1. ¿La injerencia estaba «prevista por la ley»?

La orden de divulgación y la multa impuestas estaban «previstas por la ley». No solamente dichas medidas se fundamentan sobre el Derecho interno, sino que la legislación que regula la emisión de la orden era, además, previsible en el sentido en que lo exige el punto 2 del artículo 10. A este respecto, el Tribunal reconoce que resulta difícil, en el ámbito considerado, redactar unas leyes con total precisión y que una cierta flexibilidad puede parecer incluso deseable para permitir a las jurisdicciones internas hacer evolucionar el Derecho en función de lo que ellas consideren que son unas medidas necesarias en interés de la justicia. El poder de los tribunales ingleses de emitir órdenes de divulgación está sometido a importantes restricciones. La interpretación de la legislación pertinente que en este caso ha sido esbozada por parte de la Cámara de los Lores no ha ido más allá de lo que se podía razonablemente prever teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Tampoco existe ningún elemento que indique que la ley en cuestión no ha escatimado en favor del demandante una protección adecuada contra la arbitrariedad.

2. ¿La injerencia perseguía un fin legítimo?

La injerencia perseguía un fin legítimo como es la protección de los «derechos» de Tetra. No era necesario indagar si la injerencia estaba igualmente destinada a la «prevención del crimen».

3. ¿La injerencia era «necesaria en una sociedad democrática»?

i) Principios generales

Según el Tribunal, la protección de las fuentes periodísticas es una de las piedras angulares de la libertad de prensa, como ello se deduce de las leyes y códigos deontológicos en vigor en un buen número de Estados parte y tal y como lo afirman varios instrumentos internacionales sobre las libertades periodísticas [por ejemplo, la Resolución sobre las libertades periodísticas y los derechos humanos, aprobada por la IV Conferencia ministerial europea sobre política de comunicación de masas (Praga, 7-8 de diciembre de 1994), y la Resolución del Parlamento Europeo sobre la no divulgación de las fuentes periodísticas de 18 de enero de 1994, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. C 44/34]. La inexistencia de una protección de esta índole podría disuadir a las fuentes periodísticas de propor1237 cionar una ayuda a la prensa en su tarea de informar a la opinión pública sobre cuestiones de interés general. En consecuencia, la prensa sería en su función menos imprescindible como «perro guardián» y su aptitud para proporcionar unas informaciones precisas y fiables podría verse minorada. Teniendo en cuenta la importancia que reviste la protección de las fuentes periodísticas para la libertad de prensa en una sociedad democrática y a la vista del efecto negativo que sobre el ejercicio de esa libertad puede provocar esta orden de divulgación, una medida de esta índole no habría de conciliarse con el artículo 10 del Convenio más que si se justificase por un imperativo preponderante de interés público. Es conveniente conceder un gran peso en interés de la sociedad democrática a su función de aseguramiento y mantenimiento de la libertad de prensa cuando se trata de determinar si la restricción es proporcional al objetivo legítimo perseguido. Los límites derivados de la confidencialidad de las fuentes periodísticas implican por parte del Tribunal un examen más escrupuloso

ii) La evaluación del Tribunal teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso

Las justificaciones presentadas en el caso concreto en relación con la orden de divulgación litigiosa deben ser analizadas insertándolas dentro del marco general de la exhortación provisional no contradictoria concedida previamente a la empresa y notificada a todos los periódicos y revistas británicos. La orden de divulgación perseguía un objetivo en gran parte idéntico al del exhorto, como es impedir la difusión de informaciones confidenciales que se encontraban en el plan. No existe la menor duda, como así lo indicó Lord Donaldson ante el Tribunal de apelación, que dicha exhortación había efectivamente conseguido bloquear la difusión de datos confidenciales en la prensa. Por tanto, los acreedores, clientes, proveedores y competidores de Tetra no conocerían estas informaciones por esa vía. En consecuencia, un aspecto capital de la amenaza de perjuicio material que pesaba sobre Tetra había sido en parte neutralizada gracias a la exhortación. Dicho esto, el Tribunal considera que, en la medida en que la orden de divulgación tenía únicamente por objeto reforzar la exhortación, la restricción adicional a la libertad de expresión que conllevaba no estaba justificada por unos motivos suficientes a la luz del apartado 2 del artículo 10 del Convenio.

En cuanto a los otros objetivos de la orden de divulgación, el Tribunal no considera que los intereses de Tetra -eliminar, al iniciar un procedimiento contra la fuente, el otro aspecto de la amenaza de perjuicio en su contra que significaría la difusión de las informaciones confidenciales por medio de otros medios que la prensa, obtener daños y perjuicios y desenmascarar a un empleado o a un colaborador desleal- sean suficientes, aun siendo acumulados, para prevalecer sobre el interés público capital que constituye la protección de la fuente del periodista demandante. Los otros objetivos de la orden de divulgación, analizados a la luz de los criterios fijados en el Convenio, no constituyen un imperativo preponderante de interés público.

En resumen, la orden de divulgación no constituía un medio razonablemente proporcionado a la búsqueda del objetivo legítimo perseguido. La orden requiriendo al demandante que hiciese pública su fuente y la multa que le ha sido aplicada por negarse a colaborar no pueden, por tanto, considerarse como «necesarias en una sociedad democrática» para defender los derechos de Tetra en virtud de la legislación inglesa, aun teniendo en cuenta el margen de apreciación que tienen las autoridades nacionales. En resumen, las medidas denunciadas han violado el derecho a la libertad de expresión que el artículo 10 reconoce al demandante (once votos a favor y siete en contra).