Caso A.

El 22 de febrero en la mañana nos dirigimos al Edificio Yanacocha y se pidió ficha para recabar el certificado de antecedentes penales (REJAP), requisito que está estipulado en la Ley 807 en su artículo 8. El funcionario de la ventanilla 11 pidió un “respaldo” para poder emitir el certificado con la inscripción “Ley 807”, inscripción que es necesaria para realizar el trámite en SERECÍ.

Debido a que es un trámite y no se trata de una convocatoria, informamos que es un requisito que está plasmado en una norma, Ley 807, y preguntamos si podríamos enseñarle infografías de la ruta crítica, sin embargo, el funcionario dijo que esta información tendría que ser “verificada”.

Posteriormente cuando se indicó al funcionario que el certificado debe tener como denominación “Ley 807”, el mismo sugirió sacar el certificado con la denominación “uso personal”, contradiciendo a los solicitantes. Esta “sugerencia” podría provocar incurrir en error a los solicitantes ya que esta denominación no es aceptada al momento de entregar los requisitos en el SERECÍ, error que no solo retrasa el trámite, si no que conlleva un gasto de dinero y desinformación a los usuarios.

Debido a la premura y para evitar más inconvenientes nos dirigimos a otra ventanilla del REJAP, sin número, donde explicamos la situación y el funcionario nos extendió una autorización con su firma y sello, en una fotocopia de carnet de identidad. Al volver a la ventanilla 11 el funcionario se negó a continuar con el trámite alegando que él necesitaba autorización y que se dirigieran a otra ventanilla, esta negativa se dio a pesar de ya tener esa autorización. Posteriormente y solo debido al acompañamiento se pudo obtener el certificado de otra funcionaria.