Mujeres trans peruanas en Argentina: las más criminalizadas por una cuestionada política de drogas

Dos pabellones de la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela, al sur de Buenos Aires, cobijan a algo más de 60 mujeres trans. En estas áreas, destinadas a la diversidad sexual, casi la mitad de reclusas son peruanas. Por nacionalidad, es el mayor contingente dentro de este sector. Algunas son originarias de las regiones selváticas, otras del norte costero, y otras tantas de los barrios limeños.

El cargo imputado las homogeniza: comercialización de estupefacientes. El ritual posterior a una intervención policial es el mismo: dos o tres años privadas de su libertad sin condena, con limitado acceso a la justicia y atención de salud deficitaria.

En algunos casos el desenlace es el peor posible. En los últimos cinco años, al menos, seis mujeres trans peruanas han fallecido producto de la desatención de salud en las cárceles bonaerenses. Ninguna de ellas superaba los 35 años, la barrera etaria que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó como esperanza de vida de esta población.

Las detenciones arbitrarias, la falta de pruebas, las causas armadas, las condiciones de reclusión han sido denunciados por organismos de derechos humanos en la ciudad de La Plata, epicentro de la criminalización. Josefina Rodrigo, abogada que desde el 2013 ha logrado la libertad de varias de estas mujeres, asegura sin titubeos que “de las decenas de casos que he tenido en esta década sólo dos chicas efectivamente vendían”.

Estas son historias de mujeres trans migrantes envueltas en procesos de criminalización. Una población vulnerable cuyos reclamos de derechos no encuentran eco. Ni en el estado que las recibió, ni en el que las empujó a salir en busca de una mejor vida.

Karen: sobrevivir al encierro

La próxima semana Karen volverá de visita al penal. Los días previos serán ajetreados. No siempre es sencillo reunir alimentos y víveres que puedan ser útiles para las chicas que permanecen en la Unidad 32 de Florencio Varela.

A pesar de la complicada situación económica, Karen trata de conservar una visita mensual en su agenda. Cerca de 60 compañeras trans, distribuidas en los dos pabellones de Diversidad Sexual, aún esperan alguna novedad en sus causas. Más de la mitad son peruanas como ella, que en 2009 llegó a Argentina proveniente de Chiclayo.

Recorrer los 52 kilómetros desde su casa, en La Plata, hasta el centro penitenciario del sur del Gran Buenos Aires supone también un viaje a su pasado reciente. Pasó dos años encerrada ahí, sin sentencia, acusada de un delito que no cometió, pero muy asociado a las mujeres trans que trabajan en la calle: la micro comercialización de estupefacientes.

A mediados de julio de 2014, tres días después de retornar a La Plata de un viaje de varios meses por Perú, la policía allanó el departamento en el que convivía con otras compañeras y sus parejas. Venían siguiendo a una de ellas por supuesta tenencia de drogas. Sin embargo, cuando irrumpieron en la casa se llevaron a casi todas las presentes. “Nos detuvieron a las cuatro chicas trans. Parecía que sólo habían venido por nosotras. No tocaron a los dos varones que vivían ahí también”, recuerda.

Caratularon el caso de Karen como tenencia de estupefacientes para la venta, pese a que no le encontraron sustancias, y durante tres años sus folios no se movieron en los juzgados. “¿Cómo es posible que sólo nos agarren por el hecho de ser trans sin ninguna investigación?”, se pregunta.

Lamentablemente no es una historia singular. La mayoría de mujeres trans detenidas son procesadas por supuestas infracciones a la Ley de Drogas 23737. De acuerdo con el Servicio Penitenciario Bonaerense, los delitos vinculados a las drogas explican la detención del 40% de las mujeres cisgénero y el 72% de las mujeres trans y travestis. En cambio, sólo el 11% de varones presos tienen causas vinculadas a los estupefacientes.

“Pese a que no encontraban ninguna prueba en mi contra, se me tuvo que reventar la bilis para que recién me liberen”, dice Karen.

Unos meses antes de su excarcelación le encontraron piedras en la vesícula. El peligroso diagnóstico no tuvo el debido control médico. En reiteradas oportunidades las órdenes para que le realicen ecografías chocaron con las negativas de la administración del penal. “Es muy difícil que nos saquen para ir al hospital. Siempre dicen que no tienen personal para eso. Recién te autorizan cuando estás en las últimas”, señala.

Así fue. El cuadro de peritonitis se agravó y terminó afectando la bilis. Tuvo que ser hospitalizada de urgencia. A finales del 2017 salió del hospital con cuatro drenajes y 26 puntos. Debido a su estado se determinó que continúe su proceso fuera de prisión. “Estuve seis meses en cama, pero a otras les fue peor”, sostiene.

Una de sus compañeras detenidas falleció por un paro cardíaco la misma noche que Karen salió al hospital. Este caso se sumó a las otras mujeres trans peruanas víctimas del sistema penal argentino. Agravadas por el complicado contexto de encierro en la Unidad 32, desde el 2017, han fallecido Pamela, Damaris, Angie, Brandy, Mónica, Celeste. Nombres que son recitados de memoria dentro de la colectividad trans radicada en La Plata.

Muchas de las chicas llegan al penal con enfermedades previas. Según un informe de 2019 de la organización Otrans, realizado en las cárceles bonaerenses, el 73% de internas trans padece enfermedades crónicas. La más común es el VIH.

Las dolencias se agravan dentro, debido al limitado acceso a la salud para la población carcelaria. Durante su estancia en el penal, Karen trabajó en el área sanitaria. Se encargaba de hacer los formularios mensuales para solicitar los medicamentos. Recuerda que llegaban 100 pastillas de Tafirol, 100 de Ibuprofeno, 100 de amoxicilina y algunas inyecciones. “Y en todo el penal éramos como 1200. En una semana se acababan”, acota.

En 2019, cinco años después de su detención, ganó el juicio quedando libre de toda culpa. En ese momento decidió volcar su experiencia personal en favor de otras compañeras peruanas. Durante su proceso, aprendió a leer el Código Penal. “Trato de ayudar a las chicas que no tienen acompañamiento legal”, refiere. Cuando le llega a su celular una consulta, ella lo transmite a la abogada Josefina Rodrigo, quien la acompañó en su caso. “Ella me lo explica de manera prolija y yo se lo transmito a las chicas de manera ‘tumbera’, es decir, en nuestras palabras para que sea más entendible”, comenta.

Pese a las duras vivencias, Argentina sigue siendo su opción de vida. La percepción progresista que se tiene de este país en materia de reconocimientos de derechos sigue atrayendo a más jóvenes trans. Eso sí, ella ya no anima a ninguna compañera peruana a viajar. “¿Van a venir para que les armen causas?”, señala. En cada visita al penal, Karen sólo tiene un deseo. Que nadie le cuente que ingresaron nuevas internas.

Paola: Marcas indelebles

Paola revisa en la alacena si tiene los insumos para preparar un arroz chaufa. Suele ir a verdulerías regentadas por peruanos, donde consigue lo necesario para sentirse un poco más cerca de la tierra que dejó hace más de una década.

Cada vez siente más lejano el día que salió de su barrio chalaco con 19 años, dos maletas y muchos sueños. Unas amigas peruanas, radicadas en La Plata, la animaron a emprender el viaje en bus y recorrer cerca de cuatro mil kilómetros en tres días hasta llegar a la capital de la provincia de Buenos Aires.

Por las conquistas de derechos para la diversidad sexual y de género, y la accesibilidad a tratamientos y estilizaciones, Argentina aparecía en el horizonte como una tierra prometida. “Pensé que podría por fin realizarme como una chica trans”, recuerda.

Pese a que su familia la apoyaba, sentía que en Perú no podía ser completamente ella misma. “La sociedad es más conservadora”, apunta. Al sur del continente creía encontrar un clima más favorable para sus aspiraciones. Sin embargo, al poco tiempo de llegada un episodio trastocaría los planes.

Una noche del invierno de 2013, en una esquina de la zona roja de La Plata, Paola fue interceptada por policías de la Comisaría Novena camuflados de civiles. “Me propusieron trabajar para ellos vendiendo droga. Se quedaron con bronca por mi negativa”, cuenta.

A la noche siguiente no hubo diálogo. “Me intervienen y sacan de mi casaca un atado de cigarrillos con 26 envoltorios. Me los habían plantado”, precisa. Lo que siguió fue un periplo que incluyó dos meses de detención, una liberación con sobreseimiento y una recaptura.

“Me pusieron intento de fuga como rebeldía por no haber declarado que me había ido a vivir a la casa de mi pareja, cuando sabían cuál era la esquina donde trabajaba siempre”. De hecho, en ese cruce de la zona roja es donde vuelve a ser detenida para entrar a prisión por un año.

No había pruebas de seguimiento ni compradores. Sin embargo, pasaban los meses y seguía encarcelada. Ella no entendía por qué. Lamentablemente son dilemas recurrentes entre la población trans. Según la Comisión Provincial de la Memoria, actualmente el 77% de las mujeres trans presas en las cárceles de Buenos Aires no tiene condena. El porcentaje es mayor al de otras poblaciones. Entre los varones, el 49% de detenidos no ha recibido una pena y el 58% en el caso de las mujeres cis.

La demora de los procesos detona decisiones impensadas. Muchas chicas, ante la incertidumbre, terminan accediendo a abreviados, figuras legales donde los imputados asumen la responsabilidad con el propósito de obtener la libertad condicional. “Después de un año presa, tuve que hacerme cargo de los envoltorios que me plantaron. Tenía la necesidad de salir, y no me creían que era inocente. Era mi palabra contra la de la policía”.

Paola siente que las huellas dactilares que dejó al entrar al penal de Florencio Varela son impresiones que la siguen signando. “Los antecedentes quedan como marcas para la sociedad. No es fácil hacer un trámite por haber estado presa. Desde que llegué no puedo sacar el documento argentino”, menciona.

Camina con una hoja que acredita su residencia precaria en el país. Cada tres meses debe presentarse en la oficina de Migraciones para renovarla y soportar ser llamada por un nombre registral de varón que le asignaron al nacer. Este documento tiene los datos de su pasaporte peruano. Espera algún día poder vencer la traba de los antecedentes policiales y acceder a la residencia permanente. “Así podría tramitar mi DNI con la Ley de Identidad de Género”, refiere.

El 9 de mayo de 2012 se sancionó la Ley 26743 en Argentina, una norma que reconoce el derecho de las personas a ser inscritas en su DNI con su identidad autopercibida. Además, garantiza el acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para la adecuación del cuerpo a la identidad elegida.

Para Paola viejos temores se agitaron el año pasado cuando volvió a ser intervenida y conducida a la comisaría Novena por presunta tenencia de estupefacientes para la venta. Nueve meses después, un tribunal decidió dejarla en libertad por falta de pruebas.

En esta nueva estancia en prisión notó que actualmente las mujeres trans pueden continuar sus tratamientos hormonales estando privadas de su libertad. “Es un logro de la lucha de los colectivos trans. Diez años atrás nos trataban como hombres”. Aunque confiesa que ahí adentro, como ella, son muchas las que dejan ese proceso en suspenso. “Con lo que estás pasando no te dan ganas de nada”, sostiene.

La criminalización no le ha permitido conseguir lo que se propuso al dejar su barrio chalaco. Nunca volvió y todavía no lo piensa hacer. “Después de todo lo que me pasó, aún no pude lograr el propósito por el que vine acá. Tener una platita, poder disfrutar. Así que no me voy a ir como llegué, con una mano delante y otra atrás”, puntualiza.

Kasandra: Estigmatizar, un ejercicio recurrente

En abril se cumplirán diez años de la última gran inundación que azotó a La Plata. Un episodio donde perdieron la vida 90 personas y hubo cerca de tres mil damnificados. Kasandra no sólo se quedó sin cobijo, sino que también perdió los vestidos que diseñaba para vender.

La necesidad la empujó a la noche. “No me quedó otra que pararme en la calle para ayudar a mi familia”, refiere.

Tiempo después, con sus ingresos pudo abrir un local de comida, una opción muy común y rentable entre los peruanos radicados en Argentina. “Me producía mucha venta. Siempre intenté hacer las cosas bien”, señala.

En Lima nunca había tenido problemas con la policía. Carecía de antecedentes, pero esa tranquilidad se rompería en La Plata. “La policía me acusó de que mi negocio era pantalla y que era distribuidora de narcos”, señala. Por esa causa estuvo detenida más de dos años. En noviembre de 2021 volvió a ser intervenida, esta vez en su departamento por una llamada anónima que la señalaba de micro comercializadora. “Acá no puedes ver a una chica trans tranquila caminando por la calle porque al toque dicen que vende drogas. No puedes ver que tenga un auto porque seguro lo compró con la droga”, cuenta.

Lleva un año recluida en la Unidad 32 de Florencio Varela. Su causa no se mueve y cada día le resulta más pesado. En los días largos de encierro comenzó a consumir. “Al ver que el caso no avanza, uno se deprime, se bajonea”, dice.

Considera que militar en organizaciones que promueven los derechos de la diversidad sexual la puso en el foco de la policía. “Me quieren discriminar por eso”. La otra razón de su vulnerabilidad es su condición migrante. “En este pabellón hay más de 20 chicas peruanas. Se la agarran con nosotras porque saben que no tenemos a alguien que esté jodiendo en el juzgado para que la causa se mueva”, señala.

Pese al número significativo de connacionales, Kasandra dice que ningún diplomático ni funcionario peruano asoma por el penal. “Capaz no lo hacen porque somos chicas trans”, se responde ella misma.

En julio del 2021 se aprobó en Argentina la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, que establece un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para esta población. Un año y medio después, en La Plata, los colectivos aún hacen fuerza para que se efectivice la implementación. Kasandra confía en que pronto llegarán esas oportunidades. Y espera estar en libertad para aprovecharlas. “Si se da, trabajaría en lo que sea. La calle no es para nadie”, sostiene.

Una lucha vigente

Antonella recorre ansiosa los pasillos del Complejo 4 de Ezeiza. Después de un año y medio recluida, la próxima semana, por fin, podrá contar su verdad ante la Justicia. Quiere encarar a quienes la acusaron, presuntos testigos sin nombres identificados, de formar parte de una red de trata de chicas trans. “Supuestas víctimas me acusan por hechos de 2008, cuando yo recién llegué a la Argentina en 2011″, señala. Pese al tiempo recluida, no pasó por su cabeza declararse culpable para reducir su pena. Quiere luchar por su inocencia. “Pedí careo”, apunta. Aunque sabe que las denunciantes probablemente no aparezcan, como no lo hicieron en todo el tiempo que lleva detenida. Es la segunda vez que atraviesa una internación y se siente fuerte para enfrentar el proceso.

Recluida en el suroeste de Buenos Aires, extraña el paisaje montañoso de Mendoza. Llegó ahí desde Trujillo, impulsada por su hermana, quien quería alejarla de la discriminación que sufría en el norte peruano por su identidad trans. En Argentina trabajó cuidando bebés, tomando pedidos en restaurantes y limpiando casas. Hasta que se enamoró y terminó envuelta en la micro comercialización. Esa fue su primera causa penal. Se arrepiente, pero reconoce su error. “Supe lo que mi pareja hacía. No voy a mentir”. En esa oportunidad fue condenada a cuatro años.

En el pabellón de Diversidad Sexual, donde está recluida, conoció a varias compatriotas detenidas por supuestas infracciones a la ley 23737. Le llamó la atención la asociación que deliberadamente hace la policía entre mujeres trans y las drogas en Buenos Aires y alrededores. “En Mendoza no es así”. Por eso cuando salga quiere volver allá.

No interactúa mucho con otras chicas dentro del penal. En el pabellón de diversidad la mayoría son migrantes. Paraguayas, dominicanas, pero principalmente peruanas. “Somos como ocho”, dice como queriendo hacerlo notar. Sólo vio a representantes del Consulado un par de veces, cuando fueron para actualizar los documentos peruanos de las internas. Sin embargo, los representantes mostraron poco interés por conocer sus necesidades del día a día o la situación legal de sus procesos. “Supuestamente es el ente encargado de dar acompañamiento y hacer defender nuestros derechos. Eso no se da”, apunta.

Antonella pasa buena parte del tiempo en su celda, o cocinando, una actividad que por ratos pareciera desconectarla de la dura realidad. “Así me evito problemas y no tengo conflictos que me bajen la conducta”. En la recta final del juicio sabe que no puede cometer errores.

Condenada por ser migrante

La mañana del 11 de mayo de 2016 el celular de Josefina Rodrigo no dejó de sonar. Varias personas llamaban alarmadas por un titular del diario “El Día” de La Plata. “Condenan a mujer trans por ser peruana”, decía el encabezado del histórico tabloide de esa ciudad.

Josefina era la abogada de Claudia Córdova, una mujer trans migrante que había sido acusada de venta de estupefacientes. Llevaba dos años detenida sin condena y el fallo acababa de salir. Las llamadas buscaban confirmar la veracidad del delirante titular. La defensora les respondía: “sí, es lo que dice la sentencia”.

En su veredicto el juez Juan José Ruiz agravó la pena por la condición de extranjera de Claudia y la terminó condenando a cinco años y tres meses. Debido a su marcada xenofobia, el insólito fallo detonó una serie de cuestionamientos de organizaciones sociales y activistas de derechos humanos.

El rechazo fue generalizado. Finalmente, la condena se revisó y el juez Ruiz fue suspendido por varios años. Para Rodrigo, la aberración legal partía desde el mismo hecho de imputarle el cargo de venta de estupefacientes por 1,6 gramos de cocaína. “Es un escándalo jurídico tener una persona presa por eso, y encima condenarla por comercialización”, anota.

En las audiencias la abogada argumentó que se trataba de tenencia simple y ejemplificó la cantidad vertiendo el equivalente de un sobre muy pequeño de azúcar. Considera que el caso de Claudia es una clara muestra de la mala ejecución de la ley 23737, promulgada en 1989 y usualmente llamada ley de drogas o estupefacientes en Argentina.

En 2020, con motivo del 30 aniversario de esta norma, el Procurador Penitenciario Adjunto Interino, Ariel Cejas Meliare, expuso un balance del impacto de la medida en poblaciones vulnerables. Según el funcionario, las políticas punitivas de esta ley empujan el encarcelamiento masivo de mujeres cis y mujeres trans ya que las drogas son la principal causa de detención. “Son las principales destinatarias de estas políticas punitivas, sin embargo, rara vez representan una amenaza a la sociedad. Su encarcelamiento no constituye desmantelar mercados ilícitos o mejorar la seguridad pública”, precisa.

Dentro de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Josefina Alfonsín, es la que más contacto ha tenido con esta problemática. Como integrante del Equipo de Género y Diversidad Sexual, Alfonsín ha evidenciado en el campo que el modelo prohibicionista de drogas no funciona. “Sería bueno que en Argentina se modifique la ley de estupefacientes que ha quedado vieja y se incorpore una perspectiva de género que hoy no tiene”, anota.

La actuación desproporcionada sobre mujeres cisgéneros y mujeres trans apura la necesidad de capacitar al sistema judicial y las fuerzas de seguridad en materias de género y diversidad sexual. Alfonsín cuenta que en los últimos años desde su sector se han impulsado diversos talleres en esa línea, pero “en realidad no son suficientes”.

En más de una década defendiendo a chicas peruanas, Josefina Rodrigo afirma que apenas tuvo dos clientas que comercializaban. El resto eran causas armadas. Lamentablemente, no es fácil para las chicas acceder a abogados particulares. Por falta de recursos y la escasa oferta de profesionales especializados en estas problemáticas, terminan tomando sus causas los defensores públicos.

Josefina Rodrigo dice que éstos no suelen brindar un acompañamiento cercano. “No cuestionan. Por ejemplo, nunca vi de ellos un escrito cuestionando el accionar policial”, menciona.

La vulnerabilidad de las chicas también se expresa de otras formas perversas en el área legal. Varias de sus clientas le han confesado haber sido extorsionadas por abogados varones. “Les dicen que, si renuncian a su patrocinio, las van a perjudicar. Es decir, se replica la vulneración de afuera estando presa”, sostiene.

Ante la falta de pruebas, las posibilidades de ganar los juicios son grandes. Pero, la magistrada sabe que no siempre es fácil convencer a las chicas de llegar a esta instancia. Después de estar dos o tres años encerradas, varias ven en el juicio abreviado una salida rápida. Aun cuando ello implica asumir responsabilidad por hechos falsos. En ese sentido, es distinto llegar al juicio con arresto domiciliario que estando dentro del penal. “Hemos podido demostrar la inocencia de las chicas en varios casos. Pero, eso implica paciencia y, lamentablemente, que muchas veces las chicas tengan que poner el cuerpo estando detenidas”, puntualiza.

Cuerpos mediatizados y criminalizados

“Cae banda de narcotravestis peruanas”. El titular no tiene fecha de caducidad. En la última década pareció una muletilla empleada por diarios locales como “El Día” o informes de televisoras de alcance nacional Crónica, C5N o América.

Las intervenciones policiales vienen acompañadas por amplificaciones mediáticas que refuerzan los prejuicios sobre la colectividad trans migrante. El argumento es el mismo: lucha contra las drogas. Se presenta como un operativo, un golpe narco, aun cuando lo incautado no supere los 5 gramos de cocaína (atribuible al autoconsumo) y las detenidas no tengan antecedentes.

Activistas que trabajan con personas privadas de su libertad como Catalina Huth de la organización Atrapamuros, expresan que muchas veces los narcotraficantes “las entregan para que la policía pueda regodearse de que están ‘combatiendo’ el narcotráfico”.

En julio de este año, un fallo judicial inédito, que contempló el contexto de las personas trans, pasó desapercibido en los medios. La jueza Sabrina Namer, del Tribunal Federal N°8, absolvió a 18 mujeres trans peruanas acusadas de comercializar drogas en Buenos Aires. La letrada tomó esta decisión después de entrevistarlas y evidenciar la situación de extrema vulnerabilidad. Asimismo, subrayó las diferencias entre ellas y la de los policías involucrados en esta causa. Mientras las primeras fueron privadas de su libertad, los agentes no fueron detenidos ni acusados.

“¿Las compañeras son narcotravestis o el último eslabón? Tenemos que dar también la pelea mediática. Sabemos qué medios generan esas notas. Hay un juego político, esta ciudad platense es profundamente elitista”, refiere Claudia Vásquez, catedrática de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y presidenta de Otrans, una activa organización que vela por los derechos de la diversidad sexual.

Hace 20 años, Vásquez Haro llegó a La Plata, desde Trujillo, en busca de realización personal. Con esfuerzo lo consiguió. En 2020 se convirtió en la primera mujer trans en Argentina que obtuvo un doctorado universitario. Pero, ella tiene claro que su historia, lamentablemente, no es la regla, sino una excepción.

En 2012 fundó el colectivo Otrans, con el propósito de hacer frente a las vulneraciones de la población trans y travesti. Involucró a varias compatriotas en esta lucha que considera tiene una raíz estructural.

En La Plata, la hostilidad parte desde el mismo intendente, Julio Garro, quien es conocido por expresiones transfóbicas. En 2015, durante su campaña electoral, indicó que no se le ocurría “darle trabajo a un travesti” y que podría “darles una mano desde lo psicológico”. Pese a que la ley de cupo laboral trans fue promulgada en julio del año pasado, en La Plata los colectivos sociales siguen luchando por su aplicación. Uno de sus discursos permanentes es la reubicación de la zona roja como parte de su lucha contra las drogas.

Para Matilda González, mujer trans colombiana y abogada especialista en Derechos Humanos, la criminalización se refuerza cuando no hay regulación clara del trabajo sexual. “En Latinoamérica la prostitución se ejerce sólo en ciertos lugares y usualmente coincide con lugares donde hay microtráfico. Los que regulan estas zonas son las economías ilegales, las mafias. Ellas no tienen mucha opción”, sostiene. Asimismo, cuestiona que se priorice normas de moralidad pública en lugar de políticas contra las drogas de carácter integral.

El dramático corolario de la criminalización hacia esta población es morir en la cárcel. Desde el 2017, al menos seis mujeres trans peruanas, acusadas de narcomenudeo, han fallecido debido a la falta de atención médica en prisión. Tras la defunción, el drama continúa. Como las causas están judicializadas, algunas veces ni siquiera se han podido repatriar los cuerpos, que terminan siendo colocados en fosas comunes. “Ni siquiera podemos enviar los restos cremados a Perú porque están en investigación. Una causa puede tardar cerca de 10 años”, nos dice Claudia.

La activista refiere que las familias poco pueden hacer estando lejos. Y algunas veces ni siquiera aparecen. “Nosotras somos su familia. Entre todas nos cuidamos, funcionamos como un cuerpo”, menciona reforzando la idea de comunidad trans.

En esa línea, Matilda González, refiere que en Latinoamérica es necesario el reconocimiento de familias sociales como partes víctimas del proceso penal. “Las familias biológicas en muchos casos no quieren que se sepa que es trans, trabajadora sexual. Nosotros somos la familia social, a quien también nos afectó ese crimen por prejuicio”, expresa.

De este modo, los colectivos trans podrían asumir mayor incidencia en los procesos judiciales, pudiendo denunciar al Estado y exigiendo reparaciones sociales.

¿Por qué se van del Perú?

La abogada y activista trans Miluska Luzquiños ha dedicado varios años de su vida a promocionar la implementación de una ley de Identidad de Género en el Perú. Diversos intentos han chocado con la desidia legislativa. En 2016 se logró dar forma a un proyecto de ley entre distintos actores políticos y representantes de la sociedad civil. Pero, la iniciativa sigue esperando su discusión en algún cajón del Congreso.

“La existencia de una ley de este tipo en Argentina atrae a algunas compañeras por un tema de justicia social”, refiere Miluska. Dice que poseer un documento con el nombre con el cual una se identifica es uno de los principales incentivos para la migración hacia el sur. Otras razones que explican este fenómeno de movilidad tendrían que ver con la exclusión social y la consecuente falta de oportunidades en nuestro país.

Carlos Vilca, activista LGBT de Ucayali, ha visto muchas chicas partir de su calurosa región selvática hacia Lima, con el propósito de luego partir al exterior. Ensaya tres razones que justificarían el éxodo: “Primero: no terminan sus estudios escolares, entonces tienen menos opciones laborales. Segundo: ganan poco como trabajadoras sexuales. Tercero: por las redes que se tejen entre ellas. Una se va primero y lleva a otra”.

Según el informe de CEDOSTALC (Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe), elaborado en 2021, el 64% de mujeres trans en el Perú no cuentan con la escolaridad completa. El estudio señala que muchas de ellas abandonan las aulas al ser víctimas de burla y acoso por parte de la comunidad estudiantil.

Los bajos índices de instrucción impactan en las posibilidades de inserción laboral. De hecho, en el referido documento se identifica que el 72% de mujeres trans en Perú tienen como fuente de ingreso el trabajo sexual. En el país, no existen políticas públicas que promuevan que las personas trans accedan a otros puestos de trabajo.

“La mayoría quiere ir a un lugar donde pueda mejorar sus condiciones de vida”, dice Miluska. La expectativa de un reconocimiento no solo pasa por el documento, el componente físico también tiene una importante valoración en ese proceso. A muchas les motiva tener mayor acceso a tratamientos corporales en otros países. “Una buena parte de chicas quiere construir su cuerpo, reafirmar su identidad de género”, precisa.

La criminalización en los puntos de destino, como La Plata, irrumpe amenazando esos propósitos. Las marcas de la cárcel y las sombras de las drogas las persiguen incluso al volver a sus tierras. Las que decidieron retornar, no encontraron dónde insertarse. “Al único lugar donde pueden regresar es a la situación de calle y exclusión social”. Es decir, un eterno (y duro) retorno.

*Esta historia ha sido realizada como parte de la tercera edición del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas -FINND-, realizado por la Fundación Gabo y Open Society Foundations (OSF).

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