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Feministas presentan enmiendas a la ley trans y exigen un informe médico para cambiar el sexo en el registro
Organizaciones integradas en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres y otras 15 asociaciones o plataformas feministas, presentarán este martes a los partidos políticos representados en el Congreso un total de 24 enmiendas al Proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como ley trans.
Se trata en algunos casos de sustituciones de texto y expresiones y en otros directamente de la eliminación de algunos artículos o textos de la norma. Entre las principales modificaciones proponen sustituir a lo largo de todo el texto el término trans, por el de transexuales. Lo hacen en base a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2022, que considera que término "trans" tiene riesgo de imprecisión técnica, pues se utiliza para denominar a todas las personas "cuyo género no coincide con su sexo", incluyendo tanto a los que se someten a hormonas y cirugías, como a los que tan solo modifican su sexo registral, e incluso a los que simplemente modifican su "vestimenta y manierismos". También solicitan a las formaciones políticas sustituir las enunciaciones "por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, por la de "por razón de orientación sexual o transexualidad"
Entre las principales medidas proponen que se elimine la autodeterminación de género contenida en la ley, que supone el cambio del sexo en el registro mediante la única voluntad de la persona, sin ningún otro requisito, y que para dicho cambio se exija un informe médico o psicológico de padecer disforia de género. Exigen que el reconocimiento de la transexualidad se reserve a personas con esta disforia (definido como un malestar, pero que la Organización Mundial de la Salud elimino de las enfermedades mentales) y que no pueda ser utilizado como "concepto paraguas".
El proyecto de ley se encuentra en la actualidad en debate en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, después de haber sido aprobado por el Consejo de Ministros a finales del mes de junio y enviada al Congreso. Los distintos grupos parlamentarios representados en la Cámara Baja se encuentran en estos momentos elaborando las enmiendas que serán debatidas y aprobadas en la propia comisión, por lo que de no haber un veto total, la norma no deberá pasar a ser debatida y votada en el pleno del Congreso. El Gobierno, además, ha pedido que la ley fuera tramitada de urgencia, lo que obliga a reducir los plazos a la mitad. Una medida, esta última, que es considerada por los grupos feministas como una forma de "hurtar a la ciudadanía de un debate imprescindible" tanto en el pleno como en la propia comisión, puesto que hace prácticamente imposible un debate y la comparecencia de personas expertas.
Este procedimiento "oculta a la sociedad las negativas consecuencias del proyecto de ley sobre la salud de la infancia, sobre los derechos de las mujeres y su impacto en las leyes que protegen a las mujeres, como la ley contra la violencia machista o la Ley de Igualdad", afirma en una nota la Asociación contra el Borrado de las Mujeres. "La opacidad, la ocultación y las maneras totalitarias del gobierno de Pedro Sánchez son incompatibles con el derecho de la sociedad a conocer cómo va a impactar esa ley en las vidas de las niñas, los niños y las mujeres españolas", añaden.
Violencia intragénero en discordia
En relación a la violencia que pueden sufrir las personas transexuales, el escrito pide que se suprima el término contenido actualmente en el proyecto de ley de "violencia intragénero" y exigen que éste no pueda ser equiparado al de la violencia de género. El articulado de la ley aprobado por el Gobierno, equipara ambos términos, por lo que las víctimas de violencia intragénero podrán acceder a las medidas previstas para las mujeres víctimas de violencia de género de 2004. En este sentido, afirman con esta terminología "lo único que se busca es confundir trazando una analogía, cuando el término adecuado para describir la violencia entre personas del mismo sexo sería en todo caso violencia intrasexo".
También exigen la eliminación de la ley del artículo 3 de la norma que corresponde a las distintas definiciones sobre los términos utilizados y piden a los diputados que eliminen, además, todos aquellos términos contenidos en las disposiciones finales los términos que "oscurecen la existencia del sexo biológico" o las que modifican en Código Civil que sustituyen la palabra "madre" y "padre" por "progenitor" o el añadido de términos como "progenitor gestante", "progenitor no gestante", "progenitor que conste como gestante". "En el Código Civil también proponemos eliminar la nueva redacción que denomina a la viuda 'cónyuge supérstite gestante'. Sugerimos asimismo la supresión del concepto 'personas trans gestantes'", afirma el escrito.
Entre los artículos sobre los que se pide una modificación está el 41 de la actual redacción, que afirma que "la rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición". En sustitución proponen que se modifique para que afirme que "el registro de la condición transexual no sustituye al registro del sexo de nacimiento y que en el registro conste tanto el sexo de nacimiento como la condición transexual" y piden que "el registro de la condición transexual no otorgue a la persona los derechos y obligaciones del sexo opuesto". Esto supone que la condición de transexualidad debe configurar un indicador estadístico independiente, "que no debe ser confundido con el indicador de sexo" y que en las estadísticas constatarán tanto el sexo de nacimiento como la condición de transexualidad". Sin este requisito, afirman las organizaciones firmantes, no se podrán mantener las estadísticas desagregadas por sexo, una exigencia de distintos organismos internacionales para poder analizar la violencia hacia la mujer.
Por último, el escrito de modificación de la norma afirma que la ley trans entra en claro conflicto con la ley de medidas de protección contra la violencia de género y reclaman que el cambio del nombre registral no pueda ser otorgado a "un varón con antecedentes de violencia machista o sexual", que si un "hombre biológico" comete un delito de violencia machista o sexual, debe tener "responsabilidad penal como hombre, con independencia de su sexo registral, o que las penas privativas de libertad deben cumplirse en el módulo penitenciario correspondiente al sexo biológico, a fin de garantizar la seguridad y la integridad física de las mujeres presas".
Entre las organizaciones firmantes del escrito de enmiendas figuran, además de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Lobby Europeo de Mujeres en España, Asociación Mujeres para la Salud, la Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Mujeres, la Asociación Feminista Leonesa "Flora Tristán", la Asociación Mujeres Progresistas de Retiro, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Asociación Mujeres por la Paz, la Associació de Dones La Frontissa, la Associació de Dones Antígona, el Fórum de Política Feminista, la Tertulia Feminista Les Comadres, Enclave Feminista, Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres y la Asociación Feministas Bercianas.
Una ley no exenta de polémicas
La tramitación de la ley trans no ha sido fácil desde el inicio. Hace casi dos años (octubre de 2020), el Ministerio de Igualdad abrió a consulta pública la futura ley trans. Poco antes había hecho lo mismo con una ley por los derechos de las personas LGTBI. A partir de ese momento, los enfrentamientos entre los socios de Gobierno han sido constantes. Carmen Calvo como vicepresidenta del Gobierno y responsable de Igualdad del Partido Socialista, realizó duras críticas a la norma propuesta, afirmando que "creaba inseguridad jurídica". Los tira y afloja se sucedieron durante varios meses entre Igualdad, el PSOE e incluso con distintos ministerios, especialmente con el de Justicia. Por estos enfrentamientos la norma sufrió varios retrasos.
A principios de julio del año pasado, una remodelación del Gobierno sacó a Calvo del Ejecutivo. Desde entonces, la ley avanzó de forma más rápida. Las dos leyes que quería aprobar Igualdad (la de derechos LGTBI y la trans) se fusionaron en una sola. A finales de junio de este año el Consejo de Ministros aprobó el texto y lo remitió al Congreso de los Diputados.
A petición del Gobierno la norma está siendo tramitada de urgencia, lo se espera que reduzca de forma importante su tramitación.
Sin embargo, la Comisión de Igualdad donde se debaten las enmiendas a la norma, está presidida por Carmen Calvo. En una entrevista reciente concedida al diario El Mundo, Calvo afirmó que la ley trans "puede destrozar la potente legislación de igualdad de nuestro país". "Cuando se reivindica el género por encima del sexo biológico no me parece un avance que vaya en la dirección transformadora, me parece un retroceso", afirmó.
Una de las incógnitas es si Calvo maniobrará de alguna forma desde la presidencia de Comisión para retrasar la aprobación del texto. Fuentes de Podemos han censurado este lunes la palabras de Calvo. Isa Serra, asesora del Ministerio de Igualdad ha afirmado este lunes que "es fundamental evitar los discursos tránsfogos que se han visto durante estos meses y que como Gobierno tenemos el compromiso de dejarlos atrás y de aprobar esta ley".
