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Ratifican sentencia de 35 años a asesinos de la activista transgénero Agnes Torres


2018-08-09
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Desastre.mx

Luego de 6 años del asesinato de la activista transgénero Agnes Torres, un juez penal falló en contra de la apelación de dos de los acusados y dictó sentencia a un tercero. Los asesinos de la defensora de los derechos humanos de las personas LGBT deberán cumplir una pena de 35 y 23 años de prisión por homicidio calificado y roo de un vehículo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el abogado defensor de Marco Antonio Berra Spezzia y Luis Fernando Bueno Mozzoco intentó dar marcha atrás a la sentencia dictada en contra de sus clientes. Sin embargo un juez penal ratificó la pena de 35 años de cárcel y otorgó otra de 23 años a Agustín Flores Zechinelliy.

Agnes Torres, de 28 años de edad, fue hallada sin vida el 10 de marzo de 2012 en Xaxocuapatle. El auto en el que la mujer se trasladaba fue encontrado en el Municipio de Atixco.

Las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado señalaron que la mujer fue asesinada por cinco hombres que conocía y que para agredirla la engañaron invitándola a una fiesta falsa.

Una vez que Agnes arribó al lugar del encuentro fue sometida, asesinada y su cuerpo abandonado en una barranca. Posteriormente, los perpetradores robaron su auto, lo quemaron y abandonaron en las calles de Puebla. Gracias a las pesquitas realizadas por Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), se identificó a los responsables, quienes fueron aprehendidos en Yucatán, estado al que escaparon tras asesinar a la mujer transgénero.

Uno de los asesinos es menor de edad, por lo que fue sentenciado a tres años de internamiento y tratamiento psicológico, tras cumplir su condena fue liberado en 2015; mientras que otro de los responsables sigue prófugo de la justicia.

Agnes era una destacada psicóloga, conferencista y defensora de los derechos humanos que luchaba por el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero. Como resultado de su muerte, el Congreso de Puebla aprobó una reforma al Código de Defensa Social en el que se incorporó el “crimen de odio” como un agravante en los homicidios basados por el prejuicio hacia la identidad de género u orientación sexual de la víctima.

Imagen tomada de VICE.